El Gobierno aprueba un Real Decreto con los criterios de garantías financieras a gestores y productores de residuos

   MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre los criterios financieros exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta aspectos como el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones, su plazo de vigencia y otras cuestiones necesarias para que los agentes implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir con mayor facilidad sus responsabilidades y obligaciones.

   Según el Ejecutivo, el Real Decreto facilita a los operadores de residuos la constitución de instrumentos financieros, como los seguros de daños a terceros, que ayudarán a las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de la actividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los daños o pérdidas que puedan sufrir en sus bienes.

   Con ello se reducirá la litigiosidad y facilitará la resolución de eventuales conflictos que puedan surgir entre los gestores de residuos y las personas afectadas por daños causados por su actividad. Las autoridades competentes dispondrán de más facilidades para obtener la compensación económica que corresponda, en el caso de incumplimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores y productores de residuos, no teniendo que recurrir al presupuesto público para hacer frente a los mismos.

   Según explica el Gobierno, hasta ahora cada comunidad autónoma tenía criterios diferentes al determinar como se constituían las garantías financieras, los instrumentos financieros se podían usar y los criterios a tener en cuenta para calcular la cuantía de las garantías financieras a constituir por las partes afectadas.

   Con el nuevo Real Decreto se establecen pautas comunes en todo el territorio nacional y se proporciona más seguridad a los operadores de residuos, lo que tendrá un efecto positivo sobre la competitividad del sector.

   La norma no crea nuevas obligaciones ni establece cargas administrativas suplementarias, sino que facilita que los productores, gestores de residuos y otras figuras como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que ya estuvieran obligados por la ley de residuos y otras normas en vigor, puedan cumplir con sus obligaciones y atender a sus responsabilidades sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.

   El real decreto va en línea con lo previsto por la futura ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que este miércoles será debatida y votada en el Senado.

   Por otro lado, esta norma adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos que contienen teluro de cadmio. La clasificación actual según la legislación vigente solo permitía catalogarlos como residuos peligrosos.

   Sin embargo, dado que esta sustancia está presente en algunos modelos en poca cantidad, esos paneles pueden ser residuos no peligrosos conforme los resultados de la evaluación de la peligrosidad de acuerdo con lo que establece la normativa de residuos.

   De este modo, se adapta la normativa y se contemplan ambas posibilidades, es decir, su clasificación como residuo peligroso y no peligroso para así, en ambos casos, destinarse a los tratamientos adecuados a sus características.