MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado la cesión a Extremadura de los activos pendientes de enajenar vinculados al proyecto de la central nuclear de Valdecaballeros y, en particular, de los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la planta.
En total, la cesión se extiende por unas 1.460 hectáreas distribuidas entre los municipios de Valdecaballeros, Alía y Castilblanco, todos ellos en Badajoz. Parte de esta extensión está ocupada ocupadas por los edificios de la central.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado 4 de enero la orden ministerial por la que se articula esta cesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una vez sea aceptada, será la Junta de Extremadura la que asumirá la responsabilidad de los activos, tanto administrativa como de otra índole, así como de todos los gastos que se deriven de su titularidad, entre otros, los de mantenimiento, seguridad y protección física.
Con esta orden se da respuesta al interés mostrado por la propia administración autonómica de hacerse con la titularidad de los terrenos, obras e instalaciones pendientes de enajenar de la planta, ha explicado el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado.
El proyecto de la central nuclear de Valdecaballeros, unidades I y II, se inició en 1975 pero se paralizó por la denominada "moratoria nuclear" declarada en el Plan Energético Nacional 1983-1992, que también incluyó a los proyectos de las centrales de Lemóniz, unidades I y II, y de Trillo II.
Estas paralizaciones devinieron en definitivas, junto a la extinción de las autorizaciones concedidas, con la aprobación de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que fue modificada y declarada vigente por la disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico. Esta disposición estableció que la compensación a las compañías eléctricas titulares de los proyectos, por las inversiones realizadas en ellos y por el coste de su financiación, se haría mediante la afectación a este fin de un porcentaje sobre la tarifa eléctrica.
Aunque esta compensación económica a las compañías eléctricas terminó de ser satisfecha en octubre de 2015, la titularidad de los bienes afectos a los proyectos paralizados, incluidos los terrenos, se mantuvo en las compañías propietarias que, previa autorización de la Administración, fueron enajenando los bienes que pudieron ser objeto de venta. Los importes obtenidos por estas transacciones se destinaron a reducir la deuda pendiente de la moratoria nuclear.
Por lo que se refiere a la enajenación de los terrenos, ante la imposibilidad de establecer un valor de mercado para los mismos, una modificación legal llevada de 2005 estableció que la Administración podía acordar la celebración de un concurso o subasta, mediante el que se procedería a su enajenación a quien realizara la mejor oferta. No obstante, esta enajenación no se llegó a producir.
Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 modificaron la Ley del Sector Eléctrico, estableciendo que, si una vez se hubiera satisfecho a las compañías eléctricas la compensación prevista, existieran activos pendientes de enajenar, podría acordarse la cesión de dichos activos a una Administración Pública. La orden ministerial que publica este sábado el BOE se ha elaborado conforme a lo dispuesto en esta norma.
Mediante la orden publicada en el BOE el pasado 16 de octubre, el Ministerio cedió al País Vasco los terrenos, emplazamientos e instalaciones pendientes de enajenar de la central nuclear de Lemóniz.
