Archivo - Un sendero en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que "reflexione sobre la conveniencia de mantener el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).
Así lo refleja en el Informe de fiscalización del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), ejercicios 2022 a 2024, que analiza los retrasos en la aprobación y rendición de sus cuentas, realiza un seguimiento de la ejecución de las inversiones asignadas por los Fondos Next y sobre la gestión económico-financiera.
El informe señala que el Organismo Autónomo Parques Nacionales "no ha completado su adaptación estatutaria y carece de una estructura organizativa formal", una situación que afecta a su gestión dado que "ha perdido sus competencias originarias" en la gestión de los Parques Nacionales, actualmente gestionados por las comunidades autónomas; y valora como aspecto positivo que desde 2022 realiza una planificación estratégica.
En el periodo 2021-2024 se le asignaron 349,4 millones de euros de inversiones del PRTR para el componente 04 'Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad', de los que 166,4 millones de euros se transfirieron a las comunidades autónomas.
No obstante, no ha podido asumir con sus medios humanos y materiales todo el presupuesto asignado, lo que ha motivado la derivación de 60,5 millones de euros al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De hecho, hasta 2024 el OAPN sólo había ejecutado directamente 68,7 de los 122,5 millones de euros que le correspondían, lo que pone de manifiesto su limitada capacidad para absorber fondos.
El OAPN, según recoge el informe, "viene incumpliendo los plazos para la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas desde 2021 debido a la falta de personal en el Servicio de Contabilidad, por lo que ha tenido que cubrir estas funciones con el personal propio de otros servicios y el ajeno del Grupo Tragsa".
El informe valora la reducción del retraso en la rendición de la cuenta de 2024, de quince a seis meses, pero pone de manifiesto "errores en los ajustes contables de sus resultados presupuestarios".
Entre los aspectos positivos de la gestión, valora "el control de la contratación administrativa y su ajuste a una planificación anual", si bien se ha identificado "un volumen elevado de encargos al Grupo Tragsa", lo que pone en duda la "suficiencia del personal propio del Organismo para cumplir con sus funciones".
Además, el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la justificación y control de las subvenciones al voluntariado otorgadas por el Organismo en el periodo 2020-2024, aunque destaca la creación en 2025 de un nuevo servicio que "ha corregido las deficiencias en los procedimientos y actualmente revisa los expedientes de ejercicios anteriores para solicitar el reintegro de las ayudas no justificadas".
En materia de personal, el Informe expone las "carencias existentes", habiéndose constatado que el 29,6% de los puestos de la plantilla se encontraban vacantes en un escenario a diez años que prevé la jubilación del 63 % del personal. Además, el Organismo mantiene una dependencia de los medios propios del Grupo Tragsa, cuyo personal externo duplica la plantilla propia.
El Tribunal completa sus conclusiones con otras valoraciones, en general positivas, respecto de la actividad de seguimiento del estado de la Red de Parques Nacionales, así como de la aplicación de los principios de sostenibilidad ambiental, transparencia y acceso a la información pública, igualdad de género y lucha contra el fraude.
Finalmente, destaca que a la fecha actual todavía no se ha traspasado a Castilla-La Mancha la gestión de los parques de Cabañeros y Tablas de Daimiel, al no haberse alcanzado un punto de acuerdo entre las administraciones para constituir la comisión interadministrativa que afronte el proceso de transferencia.
Por todo ello, el Tribunal recomienda al Ministerio que "reflexione sobre la utilidad o conveniencia de mantener un organismo autónomo que ha perdido sus competencias originarias y que no cuenta con autonomía y capacidad suficientes para cubrir sus necesidades estructurales de medios personales y materiales".
