MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ampliación del llamado 'cheque familiar' para que las deducciones en el IRPF lleguen también a las familias monoparentales con al menos dos hijos o a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tienen a su cargo a una familia numerosa o a algún discapacitado tendrá un coste anual estimado en unos 410 millones de euros.
Así consta en la memoria de impacto del decreto ley de Segunda Oportunidad, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido actualizado este mismo viernes y que será convalidado en el Congreso el jueves 12 de marzo.
Esta ampliación forma parte de las medidas fiscales que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante el Debate sobre el estado de la Nación en apoyo de la familia y la conciliación, incluidas en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de febrero.
El Gobierno calcula que hasta 131.401 familias monoparentales con al menos dos hijos se acojan a la deducción de hasta 1.200 euros anuales prevista en la Ley del IRPF, de la que ya se benefician huérfanos o familias numerosas, con un coste estimado de 128 millones de euros.
Además, los contribuyentes con pensión pública podrán disfrutar de cualquiera de las nuevas deducciones que ha aprobado el Gobierno, si bien se estima que la más habitual será por tener descendientes con discapacidad, lo que supondrá un coste de 88 millones de euros a repartir entre 73.285 contribuyentes.
Finalmente, 176.525 ciudadanos que reciben prestación por desempleo podrán acogerse a cualquiera de las nuevas deducciones, que son acumulables entre sí, lo que costará 194 millones de euros.
El coste de 410 millones de euros será asumido íntegramente por el Estado, según se indica en la memoria de impacto del decreto ley de Segunda Oportunidad, "aunque el IRPF es un tributo parcialmente cedido a las administraciones territoriales", según se recuerda en el texto.
FACILITAR LA CONCILIACIÓN
En el mismo decreto, el Ejecutivo también ha incluido una bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar el tipo obligatorio a la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos que contraten a un parado para sustituirles en su actividad durante un máximo de un año si es para cuidar a algún menor de siete años o a algún familiar dependiente.
Esta medida busca conciliar la vida familiar y profesional, así como fomentar la convergencia de los derechos de los autónomos con los de los asalariados y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
Unas buenas intenciones que tendrán un coste de entre 16 y 32 millones de euros, en función de si se acogen a ella los hasta 5.700 autónomos personas físicas sin asalariados que se estiman como potenciales beneficiarios, o si se llega a los 11.400 trabajadores por cuenta propia que figuran inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad Social y que cumplirían los requisitos.
En cualquier caso, el Gobierno asegura que el impacto en la recaudación de esta medida "sería positivo, toda vez que está condicionada a la contratación de un trabajador por cuenta ajena", y además confía en que tendrá "un claro impacto positivo en materia de género por cuanto fomenta claramente la igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo autónomo".
Otra de las medidas incluidas en el decreto, la exención de cotizaciones por contingencias comunes por los primeros 500 euros en nuevos contratos indefinidos que se firmen entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tendrá un impacto de recaudación "neutro", según el Gobierno, porque se compensará con el incremento del empleo.
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