Bruselas no ve base para proponer ley contra la "muerte de videojuegos" pero pide diálogo a la industria

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea cree que no tiene base para proponer cambios legislativos que obliguen a los estudios de videojuegos a ofrecer formas de preservar sus títulos tras el cierre de servidores, pero buscará el diálogo con la industria para diseñar un "código de conducta" voluntario que aborde "cómo gestionar el final del videojuego".

De este modo Bruselas responde a la Iniciativa Europea Ciudadana denominada 'Stop Destroying Videogames' (Alto a la destrucción de los videojuegos) que el pasado enero aceptó examinar en detalle, después de que el movimiento reuniera más de un millón de firmas de ciudadanos de Estados miembro de la UE reclamando medidas para proteger sus derechos como consumidores.

La plataforma denuncia la "obsolescencia planificada" que, si bien no pone "una fecha de caducidad declarada", aboca a los juegos a desaparecer, sin posibilidad de seguir jugándose ni de preservarse, cuando se cierran los servidores donde se alojan, según se lee en un comunicado de los organizadores.

Los distribuidores pueden dar marcha atrás al estado funcional de sus videojuegos apelando a que lo que realmente adquieren los usuarios con su compra no es la propiedad del producto digital, sino una licencia de uso, por lo que en cualquier momento el videojuego puede dejar de estar disponible para su descarga o para su uso en la nube.

Sin embargo, tras examinar la petición ciudadana, la Comisión Europea ha respondido que "no puede proponer una obligación legal para mantener la jugabilidad de los videojuegos una vez que hayan dejado de comercializarse", porque la normativa comunitaria sobre derechos de autor establece que los titulares de los derechos disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además de los derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego.

Lo que sí recuerda Bruselas es que hay legislación en materia de protección del consumidor que ya prevé "importantes salvaguardas" para proteger los intereses económicos de los usuarios, por ejemplo el hecho de que los proveedores de videojuegos tengan que informar a los consumidores de la duración y las condiciones para rescindir el contrato "antes de que los usuarios se inscriban en el videojuego".

Además, la directiva sobre contenidos y servicios digitales ofrece a los consumidores "vías de recurso" cuando los contenidos o servicios prestados no se ajustan al contrato y a lo que los consumidores podrían esperar razonablemente y que abren la puerta a que los usuarios puedan reclamar el reembolso de una parte proporcional de la compra inicial.

En este contexto, Bruselas se compromete también a trabajar con las organizaciones de consumidores y las autoridades para sensibilizar sobre los derechos aplicables que protegen a los consumidores, incluidas las salvaguardias que protegen los intereses económicos de los consumidores.