La cadena perpetua "no tiene encaje constitucional"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Jueces para la Democracia (JPD), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación de magistrados Francisco de Vitoria coincidieron este lunes en destacar que la cadena perpetua, sea para menores de edad o para adultos, "no tiene encaje constitucional" en España, donde la pena de prisión tiene como fin la reinserción del delincuente.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Antonio García, explicó este hecho y destacó que en España, "hay un sistema de valores y principios constitucionales sobre la dignidad humana, la libertad y la finalidad del cumplimiento de la pena que son difícilmente conciliables con un sistema en el que fuera a instalarse la cadena perpetua".

Asimismo, incidió en que esta medida no es necesaria porque el sistema penal español "es el más duro de la Unión Europea". "Tenemos el mayor número de condenas judiciales por delitos violentos cuando somos uno de los países con menos tasa de comisión de estos delitos. Podemos llegar a penas de cumplimiento efectivo de hasta los 40 años, cuando en países con cadena perpetua las penas son susceptibles de revisión y suspensión a partir de los 10 años. Creo que el español no es precisamente un sistema benigno o poco duro", añadió.

Por su parte, el portavoz de JPD, Miguel Ángel Jimeno, incidió en que la cadena perpetua habría que descartarla porque "difícilmente se puede rehabilitar a una persona que nunca haya salido de prisión" y añadió que si se trata de una condena revisable, sería "lo mismo que se está haciendo ahora, pero con los límites del cómputo global".

"Un adulto que comete homicidio puede llegar a tener una pena de hasta 35 años y este es un margen mucho más alto que el de los países de nuestro entorno. En ningún país de la UE se prolongan las penas más de lo que se hace aquí", destacó.

En este sentido, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, añadió que la cadena perpetua, además, "no tendría ningún efecto positivo fuera del que es el propio castigo o resarcimiento de la víctima porque no va a impedir los delitos graves a los que vendría aplicada".

A su juicio, "lo que sí tiene cabida es el incremento de las penas para delitos muy graves o con agravantes concretos, equiparanso incluso el tratamiento de estos delitos al de terrorismo, pero no la cadena perpetua, que no cabe en el sistema constitucional español".