Chamizo pide a la Junta andaluza que flexibilice el acceso a centros de protección de menores a investigadores sociales

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que flexibilice los criterios establecidos a la hora de permitir el acceso a la red de centros de protección de menores de Andalucía con ocasión de un proyecto científico o de investigación, ya que considera que "se está efectuando una interpretación excesivamente restrictiva" de alguno de los proyectos que se presentan, resultado "cuestionable" la negativa por el supuesto escaso interés para el sistema de protección de menores.

En una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a la que ha tenido acceso Europa Press, Chamizo solicita que se dicte una autorización "comprensiva de los criterios a aplicar ante cualquier solicitud de acceso a un centro de protección con ocasión de un proyecto universitario o científico de investigación", en la que se reflejen los "márgenes mínimos y máximos a los que tendrían que ajustarse dichos proyectos, el periodo máximo de permanencia en el centro y el modo y forma de las posibles entrevistas a los menores".

Además, en dicho documento --derivado de una queja abierta por la institución a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social por los expedientes de protesta recibidos por parte de varios investigadores--, pide que las resoluciones que se dicten relativas a estas peticiones sean lo "suficientemente motivadas, con un estudio individualizado del proyecto de investigación y su posible incidencia en el bienestar de los menores y la vida del centro", demandando que, en el supuesto de negativa, "se detallen los elementos del proyecto que han motivado tal decisión".

También considera "de interés" que se refleje el módulo ideal de posibles proyectos de investigación a realizar en un período de tiempo determinado según el concreto programa que se ejecute en el respectivo centro residencial.

El Defensor del Pueblo andaluz inició dicha queja a raíz de los expedientes enviados por ciudadanos que coincidían en el mismo argumento relativo a las dificultades que encuentran para acceder a centros de protección de menores con la finalidad de llevar a cabo proyectos universitarios de investigación.

En concreto, uno de los interesados se dirige a la institución lamentándose por la negativa de la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad a colaborar en un estudio sobre la atención educativa prestada al alumnado inmigrante en las Aulas Transitorias de Adaptación Lingüística (ATAL) del centro de protección de menores 'El Cobre' de Algeciras, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias de la Educación con la subvención de la propia Consejería de Gobernación de la Junta.

Tras trasladar los hechos a dicha Dirección General, ésta respondió diciendo que el centro de menores 'El Cobre' viene siendo objeto de recepción de "multitud de solicitudes de prácticas académicas, profesionales y de trabajos de investigación, e incluso de medios de comunicación".

Por ello, al amparo del artículo 69 del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, de Acogimiento Residencial de menores, la Dirección General de Infancias y Familias "ha tenido que establecer criterios de ponderación de las mismas, a fin de poder preservar la normalidad de la vida en el centro", máxime "si tenemos en cuenta que estamos ante un centro de acogida inmediata de menores extranjeros no acompañados y, por ello, de constante movimiento de entradas y salidas de estos menores, lo que requiere un especial cuidado en velar por la normalidad del día a día".

Además, indicó que, al existir un total de 19 Atal en Cádiz y su provincia, algunas de ellas "podría ser objeto de la investigación solicitada", ante lo que puso a disposición otras fuentes existentes.

Por otro lado, el Defensor esgrime el caso de una ciudadana interesada en un proyecto de investigación titulado 'La realidad del menor en desamparo: alternativas para su protección e integración', a la cual la Consejería para la Igualdad "limitó su colaboración en al ejecución de dicho proyecto".

En esta ocasión, la Dirección General afirmó que, desde un principio, había aceptado de forma "parcial" la petición de colaboración del grupo de investigación, ofreciendo "pleno acceso" a toda la documentación e información que pudiera ser de utilidad, incluida la posibilidad de entrevistar al personal funcionario con conocimientos sobre la materia, pero negando la autorización de acceso al centro.

Para negar el acceso al centro, la Junta se remite al Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, del acogimiento residencial de menores, que establece que la autorización a investigadores en los centros de protección de menores "se realizará con carácter excepcional y porque sea conveniente para el sistema de protección de menores".

Así, el personal técnico competente de esta Dirección General entendió, que "ni la hipótesis de partida ni los objetivos de la misma permiten considerarla como uno de esos casos excepcionales".

Sin embargo, el Defensor considera que "del flujo de información y conocimientos sobre tales materias, y en el contexto de las disciplinas científicas relacionadas con las mismas, es donde se da el mejor caldo de cultivo para ideas innovadoras que podrán aplicarse en el proceso constante de mejora en la calidad de la prestación de los servicios".

DETECTAR DEFICIENCIAS

Además, esta dinámica "también puede propiciar la detección de posibles deficiencias o inercias sociales emergentes que, trasladadas al foro adecuado, puedan a la postre servir a las Administraciones para planificar las políticas públicas en el ámbito de sus competencias en la materia".

La labor científica y de investigación es "abiertamente promocionada por la Comunidad Autónoma, situándola en el punto clave del proyecto de modernización de Andalucía". Por ello, la institución que dirige José Chamizo señala la "necesidad de alcanzar un equilibrio entre las facilidades que serían deseables para la realización de todo proyecto científico de investigación y los límites propios que el Ente Público de Protección de Menores ha de poner a toda posible perturbación que pueda poner en riesgo el bienestar de los menores a su cargo".

Por ello, indica que la labor de "protección de la intimidad y bienestar de los menores durante su estancia en los centros" que esgrime la Dirección General de Infancias y Familias "no debe de llevarse al extremo de bloquear por completo todo proyecto de investigación que, precisamente sobre temas de interés para los menores, se pretenda realizar".

Para Chamizo, se está efectuando una interpretación "excesivamente restrictiva" de alguno de los proyectos que se presentan, resultado "cuestionable" la negativa por el supuesto escaso interés para el sistema de protección de menores.

En este sentido, defiende que un proyecto de investigación "convenientemente programado y adecuado a las características del centro, sensible con las necesidades de los menores y por ello autolimitado en cuanto a la cantidad y modo de los contactos con los menores, no tendría porqué ser rechazado de plano, como tampoco sería de alabar el que se fundamentase dicha exclusión con una alusión genérica al escaso interés para el Sistema de Protección, sin motivar detalladamente este argumento".