La CNMC pide al Gobierno cambios en la ley que limita la publicidad institucional y avisa: "Podría ser discriminatoria"

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno introducir una serie de cambios en el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público, que fija que los medios de comunicación y plataformas no puedan recibir más del 35% de su facturación al año del sector público, y ha advertido de que "podría ser discriminatoria".

Así lo ha dado a conocer este jueves el organismo supervisor, tras aprobar el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, remitido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Respecto al límite máximo del 35% de ingresos públicos por publicidad, la Comisión opina que debería contabilizar los ingresos obtenidos a través de contratos, ayudas, convenios con las administraciones y empresas públicas y establecerse para cada entidad perteneciente al grupo empresarial.

En cuanto a la excepción al límite del 35% (artículo 11.2), sostiene que "podría ser discriminatoria". "Prima a los medios cuya audiencia se proyecte fundamentalmente en un determinado ámbito geográfico (que podrían recibir publicidad institucional hasta el 100% del importe neto de su cifra anual de negocios) frente a otros prestadores análogos, con la misma cifra de negocios o inferior, de ámbito estatal, que tendrían la limitación del 35%", explica.

Entre las recomendaciones que la CNMC hace al Ejecutivo se halla la de "equiparar el contenido de las definiciones a las de la normativa de la Unión Europea de referencia" e incluir una mención a las plataformas en línea para "equiparar las exigencias de transparencia contempladas a los prestadores de servicios de medios de comunicación".

Para la Comisión, la previsión de que en aquellas comunidades autónomas en las que no exista una autoridad independiente sea la CNMC la que recabe directamente la información del sector público, tanto autonómico como local, se considera "adecuada" para cumplir los objetivos del reglamento y posibilitar que la supervisión se haga en todo momento por una autoridad independiente. Sin embargo, la Comisión aconseja "explicitar la naturaleza transitoria de esta previsión".

Por oro lado, cree que la actividad de seguimiento del gasto en publicidad y la llevanza del Registro de medios de comunicación por parte de la CNMC, dada la tramitación en paralelo de otra normativa, "deberían estar coordinadas".

CRITERIOS OBJETIVOS Y MEDIBLES

Asimismo, la Comisión afirma que "frente a una preferencia subjetiva por medios de carácter informativo", se recomienda "utilizar criterios objetivos y medibles de idoneidad, que pudieran, por ejemplo, modular la participación de los diferentes perfiles de operadores en las potenciales licitaciones públicas".

En relación con la comunicación de tarifas como precios máximos, aconseja permitir separarse de las mismas cuando se acrediten razones justificativas. "Se sugiere que, en vez de una cuantía concreta, se puedan facilitar bandas orientativas, medias o rangos de referencia de precios", subraya.

La Comisión explica también que la elaboración del plan anual de publicidad por el gobierno "no sustituye a la obligación de publicar información sobre su gasto público en publicidad estatal ni a las facultades de verificación que tiene la CNMC en caso de posible disparidad de informaciones".

La CNMC contará con funciones de control del gasto público en publicidad y de verificación del funcionamiento independiente de los prestadores públicos de medios de comunicación estatales. En este punto, reclama "realizar ajustes en algunas de ellas para poderlas ejercer adecuadamente, así como concretar la dotación de medios organizativos y personales".

Sobre los criterios de asignación de los fondos públicos, se aconseja que la exigencia de "procedimientos abiertos, objetivos y no discriminatorios" se concrete identificando los que reunirían estas características de entre los contemplados en la normativa de referencia.

Finalmente, sostiene que las obligaciones de transparencia deberían aplicarse a los contratos con los medios de comunicación y con las plataformas digitales (tanto los referidos a publicidad del sector público como a otros) y a cualquier tipo de ayudas o subvenciones públicas y convenios u otras figuras.

En términos generales, la CNMC valora "positivamente" el anteproyecto de Ley al considerar que "contribuirá a mejorar la transparencia en la distribución de recursos públicos entre medios de comunicación y plataformas en línea".