Publicado 23/08/2015 14:23CET

Una decena de senadores baraja romper la disciplina de voto en la reforma del aborto

Fachada del Senado de España
EUROPA PRESS

La iniciativa impulsada por el PP pasa el martes su penúltimo trámite parlamentario antes de entrar en vigor a mediados de septiembre

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una decena de senadores del PP baraja romper la disciplina de voto del partido y no apoyar en el pleno del Senado del próximo 8 de septiembre la proposición de ley orgánica impulsada por el partido, que quiere hacer obligatorio el consentimiento paterno para todas las chicas de 16 y 17 años que deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias, coincidiendo con que este próximo martes, día 25, la iniciativa de los 'populares' pasará su penúltimo trámite parlamentario al ser aprobada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta, previsiblemente con el único voto del PP, y sin ningún cambio en su articulado.

En concreto, este martes no se prevé ninguna fuga de voto en las filas 'populares' ya que los senadores 'díscolos' no tienen escaño en la Comisión de Sanidad. No obstante, sí harán visible su voto en el Pleno del Senado del 8 de septiembre, que ratificará la iniciativa, según confirmaron las mismas fuentes.

De esta forma, podría repetirse el episodio del pasado 16 de julio en el Congreso, donde cinco diputados del PP rompieron la disciplina del partido al considerar que la reforma impulsada consolida el aborto como un derecho y avala la Ley Aído, ahora en vigor.

LA CITA DEL MARTES: COMISIÓN DE SANIDAD

Así, este martes en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales se debatirán las 35 enmiendas y 7 vetos que han presentado los grupos de la oposición al texto planteado por los 'populares' el pasado abril en el Congreso de los Diputados. Todas estas iniciativas serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

También se votará el conjunto de la proposición de ley orgánica. En concreto, se espera que la proposición de ley para reformar la actual Ley del Aborto tenga el único voto a favor de los 16 senadores del PP, y el voto en contra de los senadores PSOE, Entesa Catalana, el Grupo Vasco, CDC, e IU desde el Grupo Mixto.

PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS

Al texto del PP han planteado cambios en su articulado el PSOE, CDC, Entesa, IU, ERC, Coalición Canaria y Podemos, con el objetivo de que se mantenga la actual legislación, ya que la gran mayoría propone que el aborto se considere un derecho en el articulado de la ley.

Entre éstas, destacan las de Podemos (una propuesta de veto y varias enmiendas) al ser las primeras iniciativas parlamentarias de la formación que lidera Pablo Iglesias. En ella exigen al Ejecutivo la retirada de la reforma, así como la supresión de todo el articulado en el que quieren hacer obligatorio el consentimiento paterno para las menores que deseen abortar.

Eso sí, al no tener la portavocía del Grupo Mixto este martes, que la ostenta IU, sí podrá defender sus enmiendas, aunque no votarlas. Desde Ciudadanos y UPN no han presentado ninguna enmienda ni propuesta de veto al texto del PP, aunque la formación de Albert Rivera ya adelantó a Europa Press su abstención en la votación final del Pleno.

LA TRAMITACIÓN DE LA LEY

La norma llegó al Senado del Congreso, donde se aprobó en sesión plenaria el pasado 16 de julio con los votos de la mayor parte del Grupo Popular (hubo cinco rupturas de disciplina de voto), los de Uniò y el de Foro de Asturias. El resto del arco parlamentario rechazó la iniciativa.

Como cualquier otra ley cuya tramitación se encuentra en el Senado, primero pasa a debatirse en ponencia (a puerta cerrada entre los senadores) y después en su correspondiente comisión parlamentaria, que tendrá lugar este martes. Dado su carácter orgánico, su aprobación debe elevarse y repetirse en el Pleno de la Cámara Alta, cita que tendrá lugar el 8 de septiembre.

NO HABRÁ CAMBIOS EN EL ARTICULADO

En principio, no habrá cambios en su articulado, por lo que el texto, una vez refrendado en el Pleno del Senado, ya no deberá volver al Congreso, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, en torno a mediados de septiembre.

En este sentido, hay que resaltar que la proposición de Ley Orgánica ha viajado al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril en el Congreso, y se va a mantener la misma intención en la Cámara Alta. El PP sigue la premisa de que la reforma del aborto "más urgente", a falta de conocer el fallo del Constitucional sobre la ley en vigor, es el permiso paterno para las menores; de ahí esta reforma parcial.

Eso sí, el ministro de Justicia, Rafael Català, dejó la puerta abierta hace un par de semanas, en una entrevista a Europa Press, que el PP no descartaba comprometerse a ir más allá en la materia, y sin esperar al Constitucional, en su programa electoral de cara a las generales de diciembre.

LA REFORMA

La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.

La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.

Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.

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