El Defensor pide a la DGT y a Fiscalía que faciliten la baja de los vehículos transferidos fraudulentamente

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol

- DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo recomienda a la Dirección General de Tráfico (DGT) una serie de medidas "preventivas y reactivas para tratar de paliar el problema de la usurpación de identidad en tráfico" e insta a facilitar la baja de los vehículos transferidos fraudulentamente.

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2025 de la institución, recogido por Europa Press, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La institución explica que en una queja un ciudadano exponía que llevaba dos años tratando de dar de baja definitiva un vehículo que le habían puesto a su nombre suplantando su identidad. "Pero no lo conseguía, ya que la DGT no admitía como prueba la denuncia presentada en una comisaría de policía, pese a que iba acompañada de un informe de los agentes, donde se indicaba que había sido víctima de dicha usurpación", detalla.

Según apunta Ángel Gabilondo, en el informe emitido por Tráfico al Defensor del Pueblo se señalaban las formas admitidas para transferir o dar de baja un vehículo, "no siendo una de ellas la de haber presentado denuncia ante la policía de suplantación de identidad si no iba acompañada de una resolución judicial en tal sentido".

En este contexto, el Defensor del Pueblo pidió a la DGT "coordinación con otros departamentos del Ministerio del Interior, para comprobar la autenticidad y vigencia del documento nacional de identidad presentado por el interesado en la solicitud del trámite, como, por ejemplo, la verificación del número de soporte u otros de análoga eficacia".

Asimismo, la institución pidió la implantación de un sistema de avisos al solicitante que pretende realizar el cambio de titularidad del vehículo para que, antes de formalizarse, tenga conocimiento del trámite que se está realizando (vía mensaje de móvil, correo electrónico, etcétera) y, de esta forma, "garantizar que ha promovido o autorizado el trámite".

El Defensor también aconseja impedir que se continúen transfiriendo vehículos a nombre de la víctima y evitar el devengo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, así como otras tasas derivadas de los trámites que deba realizar la víctima en las dependencias dependientes de la DGT como consecuencia de la suplantación de la identidad.

Establecer alertas para impedir la incoación de expedientes sancionadores a la víctima en relación con los vehículos transferidos fraudulentamente y valorar una categoría de baja diferente a las actualmente establecidas (temporal y definitiva) son otras de las sugerencias del Defensor.

INSTRUCCIÓN DE LA DGT

En la contestación remitida por la DGT, se comunicaba al Defensor que se estaba trabajando en una instrucción para "establecer un procedimiento que las jefaturas de tráfico habrán de seguir en los supuestos en que un ciudadano acuda a la oficina correspondiente manifestando haber sido objeto de suplantación de identidad a causa de la cual aparece como titular de un vehículo que desconoce o del cual ignora su paradero".

En otro caso, el Defensor del Pueblo realizó diversas recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, dirigidas a mejorar la "coordinación y la respuesta" del ministerio público y la Policía Judicial en la investigación de este tipo de hechos.

Gabilondo indica en su informe que un ciudadano presentó una queja porque había pedido la baja definitiva de un vehículo siniestrado en un accidente de tráfico producido en Bélgica, aportando el documento de su entrega en un desguace de dicho país, pero la Administración le indicó que el documento "no era válido en España".

En este sentido, el Defensor del Pueblo recomendó a la Dirección General de Tráfico que posibilite la baja definitiva de vehículos mediante la aportación de "un certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental válidamente emitido en otro Estado miembro de la Unión Europea".