MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, espera que el convenio entre Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo para poner en marcha la reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica se firme antes del próximo Jueves Santo, es decir, antes del 2 de abril.
"No es lo mismo estar a la espera que estar a la expectativa. Y nosotros no estamos a la expectativa, estamos a la espera. Estar a la espera es crear las condiciones para que eso pueda suceder. Yo sí espero que antes del Jueves Santo o el Viernes Santo, podamos haber firmado eso. Pero es que ya ven que yo me dedico a esperar. Pero no espero con ignorancia, espero un poco por el tipo de trabajo que estamos haciendo. Si no fuera así, yo además de estar a la espera sentiría alguna decepción porque creo que se ha trabajado y se ha avanzado para que eso pueda hacerse antes de esa fecha", ha subrayado Gabilondo.
Así se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, este martes, durante la rueda de prensa posterior a la entrega del Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Preguntado por cuál es el principal escollo que impide el acuerdo, Gabilondo ha apuntado que este radica en "cómo se concibe la reparación" y ha aclarado que "no es simplemente un asunto económico".
"Lo último que nosotros queremos es que se haga una especie de cuadro y se empiece a ver una distribución, como quien en una ventanilla bancaria empieza a querer pagar los dolores y sufrimientos de la vida personas", ha advertido.
Según ha precisado, "no hay dinero" para poder reparar "el dolor y el sufrimiento de alguien que ha sido abusado, sobre todo en la infancia". Por ello, ha subrayado que la reparación abarca "muchos asuntos como el daño espiritual, la reparación psicológica o la atención en su situación laboral".
En este sentido, ha insistido en que uno de los asuntos difíciles en las conversaciones tiene que ver con" fijar un marco que dé buena respuesta a lo que se entiende por reparación y que incluya también una reparación económica".
"No nos juntamos sólo para jugar allá al juego de las cartas bancarias, de cuánto pone cada uno. Y por eso sí que digo que no es un escollo, pero es un asunto de enorme importancia", ha subrayado.
En esta línea, ha explicado que, si se está dilatando la firma del convenio --que en el Acuerdo estaba prevista para febrero-- es porque están tratando de "lograr el máximo acuerdo posible". "No sé dónde está para otros dónde está la dificultad. Para nosotros está en buscar el máximo acuerdo posible", ha enfatizado.
Por ello, ha dicho que espera y cree que la "concreción y detalles" del acuerdo se establezcan "en estos próximos días" aunque ha reconocido que los verbos esperar y creer son "muy inquietantes".
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo ha asegurado que durante el pasado año han seguido atendiendo a víctimas de abusos en la Iglesia y ha aseverado que las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para ellas.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS: 212 CORREOS Y 104 CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
En este sentido, del Informe Anual se desprende que el Defensor del Pueblo recibió, a lo largo de 2025, un total de 212 correos de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y mantuvo 104 conversaciones telefónicas en las que prestó seguimiento y asesoramiento a personas que o bien habían sido atendidas previamente o bien comunicaban por primera vez con ella.
Según precisa la institución, en los correos recibidos se solicitaba "distinto tipo de información" y atendieron las peticiones, "ofreciendo el asesoramiento pertinente en cada caso o, en un número de ellos, remitiendo al registro general de la institución cuando se trataban de cuestiones de su competencia".
Además, destaca que, a través de las conversaciones telefónicas, prosiguieron "una labor de continuación" de la realizada por la Unidad de Atención de las Víctimas entre 2022 y 2024, centrada sobre todo en el seguimiento de la trayectoria de las personas que habían prestado su testimonio ante el Defensor, "siempre a demanda de ellas".
Otro asunto que ha generado un número "importante" de consultas, según el documento, ha sido el tratamiento fiscal que iban a recibir las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Según recuerda, una de estas consultas generó varias quejas y motivó una recomendación del Defensor del Pueblo, enviada el pasado 5 de noviembre, por la que aconsejaba la modificación del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas "de forma que recoja la exención para las indemnizaciones por responsabilidad civil que se corresponden con daños personales (físicos, psíquicos o morales) que están abonando las entidades de la Iglesia católica como reparación por abusos". La queja continúa en tramitación, según precisa.
Gabilondo subraya en el documento que la reparación "queda mermada por el hecho de que estas indemnizaciones deban tributar en el IRPF, cuando, en buena lógica, la fiscalidad no debiera menoscabar la adecuada reparación de las víctimas".
Sobre el 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria', publicado por el Defensor del Pueblo en 2023 para dar respuesta a la encomienda realizada por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, en 2022, el documento señala que "queda pendiente que las recomendaciones formuladas en aquel informe obtengan la respuesta necesaria expresada en su subtítulo".
Si bien, apunta que "el Gobierno y la Iglesia han dado pasos en esa dirección, con la firma de un acuerdo que se compromete a crear un órgano de reparación a las víctimas y en el que podría tener un papel esta institución".
Según se lee en el texto, con este acuerdo, firmado el 8 de enero de 2026, "se establecen las bases para el cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo relativa a la reparación de las víctimas de abusos sexuales producidos en el ámbito de la Iglesia católica que han prescrito o para los que se ha extinguido la acción penal".
Así, puntualiza que se da respuesta a "la tercera recomendación" que propuso, como una de las medidas de reparación a las víctimas de aquellos abusos, "la creación de un órgano especial de carácter temporal" para estos casos.
El Defensor del Pueblo también recuerda que en 2024 la CEE y la CONFER presentaron un Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas equiparadas en derecho (PRIVA) y recoge en su informe que, a lo largo de 2025, "la Iglesia católica ha llevado a cabo procedimientos de reparación que, entre otras medidas restaurativas, han conllevado indemnizaciones económicas, manteniendo la privacidad y sin intervención judicial, materializadas mediante pactos privados".