MADRID, 18 Sep. (Reuters/EP) -
España violó el derecho a la vivienda de una mujer a la cual no notificó adecuadamente una demanda de ejecución hipotecaria y cuyo hogar podría ser subastado, según se desprende de un dictamen emitido este viernes por Naciones Unidas, en el que también pide adoptar medidas legislativas para evitar casos similares.
En concreto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que se habría privado a la mujer de la posibilidad de defenderse ante un tribunal, después de que una entidad bancaria decidiera proceder a la ejecución hipotecaria por falta de pago de varias cuotas de un préstamo sobre la vivienda.
"España debe adoptar medidas legislativas para garantizar que el procedimiento de ejecución hipotecaria y las normas procesales establezcan requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a una subasta de una vivienda o a un desalojo", precisa el dictamen, emitido en Ginebra.
El comité ha solicitado a España que ofrezca una reparación efectiva a la afectada, identificada como I.D.G., y que asegure que las leyes que regulan los procedimientos de ejecución hipotecaria y su aplicación se ajusten al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en mayo de 2013 y del que España es firmante.
Este es el primer dictamen que adopta el Comité en un caso individual, después de que la mujer alegara que sólo tuvo conocimiento del proceso meses después de haberse iniciado, cuando un notificador dejó un aviso en su vivienda para que recogiera una orden judicial de subasta.
EVOLUCIÓN DEL CASO
La mujer había adquirido una vivienda mediante un préstamo bancario en junio de 2007 y, tras la falta de pago de varias cuotas, la entidad bancaria decidió liquidar el préstamo e iniciar un procedimiento de ejecución en un juzgado de Madrid.
Según la información aportada por las partes y citada por el comité, el personal del juzgado acudió en cuatro ocasiones al domicilio de la implicada para notificarle la demanda, pero al no encontrarse allí la mujer, la notificación no se produjo.
Finalmente, el juzgado acordó publicar un edicto en su tablón de anuncios y dar así por iniciado el procedimiento. Meses después, el juez ordenó convocar la subasta de la vivienda, dejando esta vez un aviso para poder recoger la orden en el juzgado, en abril de 2013.
