Feministas ven "positiva" la reforma de la ley del aborto, con "dudas" sobre su implantación en la sanidad pública

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de mujeres ven con buenos ojos las medidas anunciadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, para la reforma de la ley del aborto, aunque tienen "dudas" sobre cómo se podrá garantizar a corto plazo la interrupción del embarazo en la sanidad pública y sobre si se podrá elegir entre el modelo farmacológico y el quirúrgico.

En concreto, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mª Ángeles Jaime de Pablo, ha calificado como "positivo" que la reforma elimine la obligación del permiso paterno para abortar a las menores de 16 y 17 años, algo que consideraban una "anomalía".

Si bien, ha señalado otras cuestiones que les generan "más dudas" como que esta prestación se produzca en hospitales públicos, algo que ve "muy difícil a corto plazo", con independencia de que se implemente un registro de objetores porque "en determinados territorios, como la Comunidad de Madrid, no se ha formado ni desde las facultades ni en el MIR a profesiones de la sanidad pública".

Respecto a las prácticas obstétricas, considera que "se tienen que mejorar muchos protocolos" y apunta que la denominación como "violencia" no es la más adecuada, por lo que propone que se denominen "malas prácticas". Igualmente, aboga por aprovechar esta reforma "para avanzar en impedir prácticas nocivas" como "los vientres de alquiler".

Por su parte, la presidenta del de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (CAVAS), Tina Alarcón, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con los cambios que Igualdad quiere introducir en la reforma de la ley del aborto.

"Me parecen interesantes todas las aportaciones porque responde a los problemas que se nos han planteado en los últimos años", ha detallado Alarcón, en declaraciones a Europa Press, en referencia al acceso a esta práctica en los hospitales públicos, a partir de los 16 años de forma "autónoma", la eliminación de los tres días de reflexión y el registro de objetores.

En concreto, sobre la intención de la ministra para que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice la interrupción voluntaria del embarazo, Alarcón ha remarcado que "esto es obvio y fundamental", siempre también "respetando a aquellos médicos que objeten en conciencia".

Mientras, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres consideran "una buena noticia" que "se recupere la ley que aprobó el gobierno de Zapatero en 2010 y se desarrollen reglamentariamente todos los aspectos que estaban ya en esa ley".

En todo caso, esperan que garantizar la interrupción del embarazo en los hospitales públicos "no signifique imponer a las mujeres un único modelo farmacológico para ejercer el derecho al aborto. La sanidad pública debe ofrecer a las mujeres bien el modelo quirúrgico bien el modelo farmacológico y deben ser las mujeres las que elijan entre uno u otro". "Sería inaceptable la única opción de este último modelo", han explicado a Europa Press desde la asociación.

Asimismo, han avisado de que estarán "muy pendientes" de que "Irene Montero no utilice la ley del derecho al aborto para introducir, como viene siendo habitual en los proyectos que presenta el Ministerio de Igualdad, conceptos vinculados al transgenerismo y contra los derechos de las mujeres basados en el sexo".