La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Contratación Pública Ecológica, que recoge un total de 22 medidas para impulsar el uso de la huella de carbono, la economía circular y la rehabilitación energética de edificios públicos, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Con él, el Gobierno busca que en 2033 se valore la incorporación de al menos un criterio medioambiental en todos los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito de aplicación.
Una de sus principales líneas de actuación será impulsar la descarbonización de la contratación pública. Para ello, contempla la creación de una base de datos de factores de emisión de materiales que representen al menos el 70% del volumen medio de obra pública estatal y el uso progresivo de la huella de carbono como criterio de adjudicación o condición de ejecución en los contratos donde resulte viable.
Además, se estudiará la creación de un registro estatal con valores verificados de huella de carbono de productos y se difundirán proyectos de referencia para facilitar su incorporación como parámetro objetivo y comparable en las compras e inversiones públicas.
ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR
Por otro lado, el plan promoverá la adaptación al cambio climático en la contratación pública para que las infraestructuras y los servicios mantengan su funcionalidad ante los impactos climáticos presentes y futuros.
Para ello, prevé identificar los contratos más expuestos a estos riesgos y desarrollar un 'test climático' que facilite la incorporación de criterios de adaptación en grandes contratos de obras, concesiones y servicios de redacción de proyectos. Asimismo, contempla la difusión de proyectos de referencia y buenas prácticas para reducir la vulnerabilidad de las inversiones públicas.
También impulsará la economía circular en la contratación pública mediante el uso del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación, cuando existan metodologías o herramientas reconocidas, para considerar tanto el precio inicial como los costes de uso de los bienes, incluido el consumo energético.
En este ámbito, promoverá la reparación, reutilización y remanufactura de los bienes, así como la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias en las obras públicas, con el objetivo de reducir los residuos, prolongar la vida útil de los productos y disminuir la dependencia de materias primas.
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS
Por otra parte, el plan promoverá la descarbonización de los edificios públicos mediante guías, herramientas y modelos de pliegos que faciliten la contratación de actuaciones de rehabilitación energética, electrificación de los consumos e instalación de energías renovables.
Además, prevé difundir proyectos de referencia y buenas prácticas para incorporar criterios ambientales en estas intervenciones y reducir las emisiones de los inmuebles durante su vida útil.
El plan, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Hacienda, se articula en seis líneas de actuación y 22 medidas y actualiza el marco de contratación pública ecológica iniciado en 2018.
Para facilitar su aplicación, contempla reforzar la formación de los empleados públicos, crear una red de intercambio de conocimientos y transformar el Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, apoyada por un grupo de trabajo permanente, y la ejecución se organizará mediante programas anuales con actuaciones, responsables e hitos.
El seguimiento combinará indicadores, informes de la OIReScon y herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la contratación y reducir las cargas administrativas. A los tres años se realizará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer mejoras.
