BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprobado solicitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptivo previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre las leyes estatales de regulación y adopción internacional y de calidad alimentaria porque "invanden competencias" de la Generalitat.
La Generalitat pide al CGE que analice jurídicamente el artículo tercero de la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y su disposición adicional tercera por si "exceden de las competencias de que dispone el Estado en materia de relaciones internacionales".
El Ejecutivo catalán ha señalado que la ley comporta en materia de adopción internacional la atribución al Estado de funciones que hasta ahora eran ejercidas por las comunidades autónomas, interpretando que todas las actuaciones de las CC.AA. con protección exterior pueden afectar a la política exterior del Estado.
Ha considerado que esta interpretación "no se adecuaría" a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el alcance de las competencias estatales en materia de relaciones internacionales ni sobre la definición de qué es la política exterior del Estado.
El Govern señala que esta "incorrecta interpretación" del título competencial estatal afecta tanto a los expedientes de adopción internacional que pueden ser tramitados en los diferentes países de origen como a la actividad administrativa de acreditación de los organismos para la intermediación en estas adopciones.
Asimismo, la ley plantea "dudas de injerencia competencial" en la previsión contenida en la disposición adicional tercera que podría vulnerar la competencia de la Generalitat para la regulación del régimen de las instituciones públicas de protección de los menores.
La Generalitat también ha aprobado solicitar al CGE el preceptivo dictamen previo a la interposición de un posible recurso al TC contra la ley estatal para la defensa de la calidad alimentaria, ya que la norma establece un régimen sancionador completo y uniforme para todo el Estado.
El Govern considera que la imposición de estos regímenes podría invadir competencias de la Generalitat en materia de regulación sobre la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas y ganaderos, y también la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y la comercialización agroalimentarias.
