VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el anestesista Juan Maeso, condenado el pasado martes por la Audiencia Provincial de Valencia a 1.933 años de prisión por el contagio del virus de la hepatitis C a 275 pacientes intervenidos quirúrgicamente en el hospital público La Fe y los privados Casa de Salud, Virgen del Consuelo y Clínica Quirón, ha costado unos 165.700 euros a la Administración pública, según se recoge en un informe elaborado por la Conselleria de Justicia al que tuvo acceso Europa Press.
Para la consecución del juicio, que ha durado alrededor de un año y medio --desde el 12 de septiembre de 2005 al pasado 26 de febrero-- se tuvo que habilitar una Sala de Vistas en el primer piso de la Ciudad de la Justicia de Valencia ante la "dificultad" del proyecto, en cuanto a la cantidad de personas implicadas --157 abogados y 111 procuradores, además de todos los afectados y testigos--.
Esta Sala, con una superficie útil aproximada de 700 metros cuadrados (m2), se complementó con dependencias específicas para testigos, peritos y abogados, habilitadas en la misma planta. En el caso de testigos y peritos, se habilitó una Sala de Espera cerrada y con acceso restringido, mientras que las dependencias para los abogados se dividieron en, por un lado, una de uso exclusivo para el abogado de la defensa y, por otro lado, otra sala que compartieron el resto de letrados. Junto a éstas, se estableció una comunicación directa con las Salas de Consulta de la Clínica Médico Forense situada en la planta baja para prestar atención psicológica y sanitaria a quien lo requiriese.
Para habilitar estos espacios se tuvo que, en primer lugar, aclimatar la sala con los aparatos correspondientes. En el espacio para peritos y testigos, se diseñó un cerramiento que una vez finalizado el juicio se transformará en un almacén cerrado par los carros del Resad. En cuanto a la electricidad, al tratarse de una reserva, no existía red eléctrica bajo el suelo técnico, por lo que se establecieron los puntos eléctricos necesarios.
Así mismo, se instalaron varios puntos para que el sistema de grabación de juicio y los ordenadores de los fiscales y del Tribunal tuvieran acceso a la red de la sede. También fue revisado y comprobado el sistema de detección de humos y de megafonía de emergencia. Además, se sustituyeron las puertas de acceso a las escaleras de emergencias para aumentar el aforo de la Sala.
Respecto al mobiliario, se necesitaron cuatro módulos para el Tribunal --compuesto por tres magistrados y un secretario judicial--; 3.337 módulos auxiliares --para personal de apoyo y como complemento de la Sala--; 60 módulos de tres plazas cada uno para las partes y una estantería modular para albergar el procedimiento original durante el juicio --30 metros lineales--.
Además, se adquirieron en total 200 sillas para las partes y el público de serie económica y el estrado, de unos 400 m2 aproximadamente, se delimitó con un cordón sobre bastidores verticales a juego con un cortinaje instalado a espaldas del Tribunal. Este apartado se completó con banderas, un escudo constitucional y el retrato del Rey a cargo de la reserva existente. En la sala de testigos y peritos se instalaron sofás y sillas.
Se dotó a la Sala de Vistas de un sistema de grabación de juicios, idéntico a los instalados en otras dependencias de la Ciudad de la Justicia y se instaló un sistema de visión de documentos que permitió dar un traslado visual inmediato a todos los que se encontraban situados en el estrado, de cualquier documento escrito o en formato electrónico. Así mismo, se instaló una tarjeta de difusión de imágenes y audio en el equipo de grabación de juicios.
Además, se dispuso en la Sala de varios equipos de videoconferencia para facilitar la práctica de pruebas y se dotó al Tribunal y al ministerio fiscal de medios informáticos para que pudieran seguir adecuadamente el transcurso de la vista. Así, se les instaló un ordenador portátil, complementado con un equipo de sobremesa y con una fotocopiadora/impresora.
PLAN ESPECÍFICO DE VIGILANCIA
El desarrollo del juicio exigió también la elaboración de un plan específico para el control de accesos a la Sala y el mantenimiento de la seguridad durante el desarrollo de las vistas. Al frente de este plan se encontró el Capitán de la Guardia Civil, coordinador de la seguridad de edificios judiciales en la provincia de Valencia, con el apoyo de diversos guardias civiles del control de acceso principal y los de rondas que, además, ayudaron al público que no podía acceder a la Sala por falta de espacio para que pudieran seguir la vista desde el Salón de Actos.
Así mismo, para facilitar el acceso a la Sala y al Salón de Actos, se implantó un sistema de señalética específico para este juicio que contemplaba toda la cartelería propia de una Sala de Vistas, sus accesos y todo el recorrido, desde la entrada a la sede juidicial.
Además, se preparó un plan de actuación junto a la Conselleria de Sanidad para garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a los asistentes al juicio. Se completó la atención en la Clínica Médico Forense, sita justo debajo de la Sala, con la posibilidad de instalar un vehículo Samu y con el apoyo del colectivo de Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia.
Con todo, el juicio contra el anestesista Juan Maeso costó a la Administración valenciana un total de 165.700 euros, de los que 140.000 euros se destinaron a las infraestructuras; otros 3.000 euros a las copias de grabación del juicio; 200 euros a las copias de la sentencia y unos 22.500 euros a refuerzo de personal --un funcionario del cuerpo de gestión y dos del cuerpo de tramitación durante un periodo de 18 meses--.
