Llamazares pide al TC que resuelva los recursos contra la Ley de 2010 antes de la aprobación de la de Gallardón

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha enviado una carta al presidente del Tribunal Constitucional en la que le pide que resuelva los recursos interpuestos contra la Ley del Aborto de 2010, actualmente vigente, antes de que el Gobierno dé luz verde a su normativa sobre la materia, que lidera el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

"Desde el respeto institucional pido al Tribunal Constitucional que cumpla con su función en tiempo y forma, definiendo su posición en la materia", señala el también diputado de IU en su misiva.

Hace casi cinco meses, tras haber enviado otra carta al presidente del Alto Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, interesándose por el estado de la tramitación, el TC le respondió que el procedimiento de resolución "se encontraba concluso", "la ponencia ya estaba lista para ser resuelta por el Pleno", y "únicamente pendiente de señalamiento para votación y fallo".

Así, Llamazares lamenta en este segundo escrito que el retraso "no sólo" sea "inexplicable, sino que además podría provocar una lectura del funcionamiento, más o menos ágil, del Tribunal por razones de oportunidad política".

Según explica, en esa "escueta respuesta" de febrero de sólo un párrafo referido a cada uno de los recursos interpuestos por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular, y admitidos por el Constitucional el 30 de junio de 2010, contra determinados artículos de la actual Ley del aborto aún en vigor, se indicaba que en ambos casos el "procedimiento se encuentra concluso".

Por ello, Llamazares recuerda ahora a Francisco Pérez de los Cobos que nada se ha sabido de la esperada sentencia y, mientras tanto, el Gobierno está a punto de culminar los trámites de un nuevo proyecto de ley relativos al no nacido y la protección de la maternidad "que pretende derogar la ley en vigor con argumentos de inconstitucionalidad".

Al mismo tiempo, Llamazares advierte de que la nueva ley, en caso de presentarse, "carecería de un informe de constitucionalidad, fundamental para su elaboración, lo que podría motivar un nuevo recurso, otro retraso de años y, con ello, un deterioro de la función y de la independencia del Tribunal Constitucional".