A pesar del elevado número de enterrados, se descarta la exhumación de sus restos, pero se pide inscribir los nombres en la tapia
GRANADA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) entregó hoy a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada un informe detallado sobre las 3.970 víctimas de la Guerra Civil que fueron fusiladas en la tapia del cementerio de San José de Granada con el objetivo de darle protección cultural al lugar.
Del total de víctimas documentadas, 594 se enterraron en el camposanto granadino como desconocidas, sin nombre y apellidos, sólo con referencias al sexo y la edad, según los datos recogidos por el historiador y vicepresidente de la asociación, Rafael Gil Bracero, fundamentalmente del Registro Civil de Granada, pero también de los consejos de guerra, diligencias militares y de archivos locales. El 90 por ciento de los fusilados lo fueron en años de guerra, entre 1936 y 1939, si bien se registraron más muertes en la tapia en el año 1956, fecha en la que está documentada la última víctima.
Gil Bracero insistió en que probablemente en el cementerio fueron fusiladas muchas más personas de las que hoy se tiene constancia, puesto que la documentación al respecto, como los libros de enterramiento, ha sido "esquilmada" o "destruida".
La intención de la asociación con la aportación a Cultura del informe histórico hoy entregado, según explicó a los periodistas su presidenta, Maribel Brenes, es que la Junta de Andalucía proteja por un lado el muro del cementerio, donde aún pueden verse los disparos de las armas del pelotón de fusilamiento, y, por otro, se recuerden los nombres de las víctimas, dentro de los propios muros del camposanto, descartándose la exhumación de los casi 4.000 fusilados en el lugar.
Se pretende así que "la sociedad granadina" haga un "esfuerzo" para dignificar el muro y a las personas que en él fueron fusiladas "para que ese luto suspendido pueda tener la paz que se le negó", agregó por su parte Gil Bracero.
BIENES CULTURALES ESTUDIARÁ LA PROPUESTA
El delegado provincial de Cultura, Pedro Benzal, que hoy se reunió con los responsables de la asociación, informó de que los técnicos tendrán ahora que redactar un informe --lo que se prolongará aproximadamente durante un mes-- en el que recomendarán la posible manera de proteger el lugar, atendiendo a los motivos históricos ofrecidos por la AGRMH. Después, el informe será entregado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería, que será la que tendrá que dar el visto bueno a la protección, que conllevaría que cualquier actuación de la entidad local en la zona tendría que contar con el visto bueno de Cultura.
Para Benzal, los familiares de las 4.000 personas que fueron fusiladas en San José deberían haber tenido "hace muchos años" un lugar para recordar a sus muertos. "Las cosas no se pueden hacer en contra de las víctimas o al margen de ellas y estos asuntos no se pueden abordar de forma unilateral, sino con las leyes en la mano y con el deseo de los familiares de los fusilados". En opinión del delegado, los temas relacionados con la memoria histórica son de "urgencia política" porque los familiares de los que fueron víctimas de la Guerra Civil ya tienen una avanzada edad.
Una de estas víctimas fue el concejal socialista Juan Fernández Rosillo, de la corporación municipal del 1936 de la que era alcalde el también fusilado Manuel Fernández-Montesinos. Gabriel Fernández Valladares, su hijo, que ya tiene 80 años, relató hoy que su familia lleva muchos años de "silencio" y tuvo que soportar la incautación de sus bienes porque su padre, según recogió el Boletín Oficial de la Provincia, era un "individuo culpable de actividades marxistas o rebeldes".
Gabriel conserva tres piezas dentarias de su padre, que su hermano arrancó de su cadáver cuando fue fusilado en el cementerio. "Un enterrador, al que llamaban el Borracheras, le dijo a mi madre dónde fue enterrado, y otro hombre, del pelotón de fusilamiento, que había sido compañero de mi padre como impresor, también dijo dónde se encontraba", explicó Gabriel, que ha tenido toda su vida la "ilusión" de poder dignificar el nombre de su padre, una de las 3.970 víctimas documentadas que fueron asesinadas en los muros del cementerio.
