MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Juan Manuel Ramírez, considera que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que está planeando el Ministerio de Sanidad acabará con la concepción de la asistencia como un derecho subjetivo de los ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos, es decir, con el espíritu de la norma.
En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha afirmado que esta es la principal conclusión tanto del borrador de Real Decreto que revisará el copago de los usuarios como de otras propuestas que baraja Sanidad para "controlar" a los cuidadores no profesionales, ambos, parte de una reforma de la Ley que según la titular de este departamento, Ana Mato, irá al Consejo de Ministros el próximo día 13.
Sobre los cuidadores, Ramírez ha reconocido que "el fondo de la cuestión es que hay un sobredimensionamiento de cuidados no profesionales" que supone "un gasto no productivo que hay que compensar", preferiblemente, con los servicios de proximidad, pero recuerda que las ayudas económicas a quienes se quedan en casa a cargo del familiar dependiente "han servido para que 180.000 mujeres tengan una alternativa y una compensación".
"Demonizar la prestación, creer que existe un fraude generalizado y perseguirlo de la manera en que se plantea es muy grave, primero, porque si se quitan las cotizaciones a la Seguridad Social a las cuidadoras no profesionales, se las aboca a no terminar de cotizar y no poder cobrar una pensión y, segundo, porque conceder estas ayudas en función de la renta de la unidad familiar es negar que la asistencia sea un derecho subjetivo del dependiente", ha señalado.
Sobre este asunto, el experto explica que conceder las ayudas en función de la renta de toda la unidad familiar "es preocupante y contrario a la ley" ya que en la norma se deja claro que sólo se deben tener en cuenta los ingresos del dependiente atendido, ya que recibir esa asistencia es "un derecho subjetivo individual". En su opinión, Mato busca "una regresión a la beneficencia, buscando que sean las familias quienes soporten todo el peso de la atención al dependiente".
Por otra parte, en cuanto a las anunciadas inspecciones para controlar que los cuidadores no profesionales realizan las tareas para las que reciben el subsidio, Ramírez asegura que es una medida que responde "a una falacia del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno", quien hace "una interpretación perversa hablando de un fraude que no existe" en los últimos días se ha referido a situaciones de "fraude" en las ayudas a la dependencia en diversas declaraciones públicas.
Ramírez recuerda que se puede ordenar una inspección de oficio a cualquiera que tenga una prestación pública, sin necesidad de que se aprueben normas nuevas, y afirma que en el caso concreto de la dependencia, "bastaría con vincular el seguimiento a la ayuda a domicilio", de forma que un auxiliar acudiera dos horas por semana a la vivienda del dependiente para instruir en sus cuidados y, de paso, vigilar la calidad de la atención. "Costaría 0,07 euros la hora y generaría más de diez mil puestos de trabajo", ha asegurado.
LA VIVIENDA, GARANTÍA DE PAGO
Por otra parte, en cuanto al Real Decreto que revisa el copago, Ramírez llama la atención sobre la incorporación de la vivienda como elemento del patrimonio del dependiente, que, como tal, influye a la hora de calcular su capacidad económica. Esto supone que se pueda exigir una mayor aportación monetaria a una persona mayor con una pensión de 300 euros al mes, sólo porque tiene a su nombre una vivienda, "pagada hace cuarenta años" que en la actualidad, tiene un precio elevado.
Además, afirma que tal cual está planteado el borrador del Real Decreto, a esta persona se le exigirá un dinero que no tiene a cambio de una plaza de residencia, por lo que su vivienda será tomada como garantía de pago. "Irá adquiriendo una deuda con la administración pública que finalizará en el momento de su fallecimiento, cuando sus herederos tendrán que responder, probablemente, liquidando la vivienda", ha señalado.
Por último, ha denunciado que el borrador del Real Decreto establece que los servicios sólo serán compatibles con la Teleasistencia, "es decir, que si una persona tiene una plaza en un centro de día no puede tener además, asistencia domiciliaria", aunque necesite ayuda para levantarse, asearse y vestirse para ir a ese centro.
