MADRID, 11 Jun. (OTR/PRESS) -
El Tribunal Supremo deliberará el próximo día 28 sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la condena a tres policías por detección ilegal y coacciones a dos militantes del PP, arrestados durante una manifestación de 2005 tras presuntas agresiones al por aquel entonces ministro de Defensa, José Bono. El Ministerio público entiende que el fallo anterior no se ajusta a derecho.
Los hechos aludidos por la anterior sentencia, publicada por la Audiencia Provincial de Madrid el 8 de mayo de 2006, datan de enero de 2005. Por ese entonces, se celebró una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo. A ella acudió Bono, que dijo haber sido agredido por personas contrarias a la política del Gobierno socialista contra ETA. Tres policías, relacionados de una u otra forma con la detención de dos militantes del PP a raíz de esas agresiones, terminaron por perder en los tribunales la razón de sus actuaciones.
La Fiscalía del TSJM interpuso cuatro días después de esa sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que será estudiado por la Sala de lo Penal, con el presidente Juan Saavedra a la cabeza, próximamente. El recurso pretende refutar las condenas de detención ilegal y coacciones, y no la otra pena impuesta por falsedad documental.
INFRACCIÓN DE LEY
El Ministerio Público entiende que la resolución de la Audiencia Provincial "no es ajustada a derecho". Por ello, insta al nivel judicial superior a que tome parte, ya que "no ha quedado acreditado que la conducta de los acusados haya sido constitutiva de los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones". La petición detecta infracción de ley por error en la apreciación de la prueba o infracción de precepto constitucional en relación a dos artículos del Código Penal, aplicados indebidamente.
La Audiencia de Madrid condenó al inspector jefe Javier Fernández Gómez, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz y al funcionario José Luis González Salgueiro. Tanto Fernández Gómez como Ruiz deberán hacer frente a 5 años de cárcel, 2 por detención ilegal y 3 por falsificación de documento público. El delito de falsedad también pesa sobre González Salgueiro, cuya firma aparecía en la declaración tomada a los militantes populares.
La sentencia del 8 de mayo de 2006 consideró probado el delito de falsedad documental, del que fueron "conscientes" tanto el comisario como el inspector. "Decidieron rehacer el original atestado, de un lado para que no figurasen los dos primeros instructores y los dos primeros secretarios y, de otro, para inflar o abultar los hechos para que sirviera de justificación las dos detenciones que habían practicado", menciona la resolución.
