CASTELLÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, aseguró hoy que si de la investigación que lleva a cabo la Generalitat valenciana sobre el incendio registrado en la residencia de personas mayores Reyes Católicos de Utiel (Valencia), en el que fallecieron tres ancianos, se descubre que ha existido alguna "negligencia" por parte de esta empresa, "iremos por la vía juducial".
De Miguel, que realizó estas declaraciones durante su visita a las obras que se están ejecutando en el antiguo Hospital Gran Vía de Castellón, mostró su "tristeza y enorme disgusto" por el suceso y las víctimas que ha provocado, y señaló que el Gobierno valenciano, junto con la sociedad, "estamos trabajando para mejorar el número de plazas residenciales para personas mayores, aplicando una legislación muy dura e inspeccionando constantemente".
Al respecto, indicó que en la residencia siniestrada "se está llevando a cabo una inspección por parte de la Policía Judicial y los técnicos de la Conselleria de Binestar Social para ver exactamente lo qué ha ocurrido y, --dijo--, "si encontramos, que además de tener los papeles en regla, como los tiene, existió algún tipo de negligencia como falta de atención a los mayores o falta de vigilancia, vamos a ir con todas las de la ley y vamos a actuar por la vía judicial".
Preguntada por las críticas de la oposición sobre la falta de vigilancia y de inspecciones en las instalaciones de estos centros, la consellera señaló que "es lógico que la oposición diga lo de siempre, pero nosotros vamos mucho más allá, ya que son más de 300 las residencias autorizadas en la Comunitat Valenciana, a las que les aplicamos la normativa como si fueran hospitales desde el punto de vista de exigencia de prevención, extinción de incendios e, incluso, realización de simulacros, por lo que todos debemos ser conscientes de que son personas mayores con una situación compleja y que hay que tener un cuidado extremo".
Según dijo, "cada vez que hemos tenido noticia de algún tipo de problema hemos actuado, las inspecciones han sido más de 400 en un sólo año y hemos cerrado un enorme número de residencias que no estaban como tenían que estar y, en este caso, estaremos como siempre, es decir, pensando en las personas, en sus familias y actuando con todas las de la ley y con toda la dureza posible".
"La gente tiene que tener responsabilidad a la hora de cumplir y ejecutar la normativa porque es obvio que no puede haber un vigilante detrás para ver si se trabaja como es debido y, si no, que paguen las consecuencias", añadió De Miguel.
