Registrados dos domicilios en Santander y uno en Piélagos
SANTANDER, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior y de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Cantabria detuvieron ayer, día 29, a otras seis personas en el marco de la Operación 'Trigo Limpio', como presuntas autoras de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsificación documental, y la mañana de hoy pasarán a disposición judicial.
En esta segunda fase de la operación se registraron dos domicilios en Santander y uno en Piélagos, donde se intervinieron ordenadores y documentación relacionada con los hechos, según informó hoy la Jefatura en nota de prensa.
La investigación conjunta de Hacienda y la Policía, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1, continuó su curso y determinó la existencia de otras personas que, además de las cinco ya detenidas en una primera fase, se dedican, presuntamente, a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos, utilizando una serie de sociedades con la finalidad de emitir facturas que amparan ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaran su actividad.
Fruto de la nuevas investigaciones y recabadas las pruebas necesarias, el día 29 fueron arrestados seis ciudadanos cántabros, identificados como A.L.G., de 62 años; JL.O.M., de 40 años; JR.R.R., de 64 años; EA.P.L., de 65 años; R.U.M., de 70 años; y C.B.P., de 53 años, único que tiene antecedentes por un cheque en descubierto.
PRIMERA FASE
En la primera fase de la operación fueron detenidos el abogado Rodolfo M.P., de 44 años; José Antonio L.G., Jesús José R.G, de 51; José Ángel C.I., de 73, y Juan Francisco P.G., de 47 años, a los que se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.
Según la investigación, habían creado una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.
El importe defraudado superara los dos millones de euros. Según los autos judiciales, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.
