ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha formulado acusación en una de las 16 piezas separadas incoadas en los juzgados de Almería para investigar posibles irregularidades en los cursos de formación subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ha solicitado dos años y tres meses de prisión para el administrador de la mercantil Abakan Formación SL.
El Ministerio Público atribuye a J.M.M.R.C. la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público ya que, entre otras actuaciones, alteró supuestamente los partes de asistencia para no perder la subvención de casi 90.000 euros concedida para la celebración del curso 'Técnicos de Sistemas Microinformáticos".
El escrito de calificación provisional, de 10 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, indica que la Dirección Provincial del SAE en Almería acordó, en resoluciones de 21 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011, la concesión de subvenciones en virtud del programa 3D de formación para el empleo, estableciendo en la normativa aplicable los requisitos que debían cumplir los beneficiarios de la subvención.
En la primera de las resoluciones, publicada en BOJA, se incluyó un listado de mercantiles a las que se concedían estas subvenciones y en el que se encontraba Abakan Formación SL con una ayuda de 89.856 euros.
El acusado, según añade el fiscal, fue quien solicitó la subvención ya que ostentaba la dirección y la organización del curso de formación a realizar en el ámbito del programa del SAE.
Recuerda el escrito de calificación que, con motivo del informe emitido por la Cámara de Cuentas relativo a la 'Fiscalización de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional en el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. Ejercicios 2009-2010', se detectaron diversas irregularidades que afectaban, entre otros aspectos, a la falta de control sobre la efectiva aplicación de la actividad formativa, y justificación y liquidación de las subvenciones.
En relación a Abakan Formación SL y tras la correspondiente investigación policial en el marco de la conocida como operación 'Edu', el fiscal señala que "efectivamente se constató que se habían alterado documentos referentes tanto al profesorado del curso como a los alumnos que habían recibido el mismo, entre otros aspectos".
Así, desgrana que, tras publicarse en la página web del SAE la realización de este curso, procedió J.M.M.R.C., como responsable de la mercantil, a recibir y tramitar las solicitudes de las personas que como alumnos habrían de asistir, "siendo requisito necesario la existencia de un número mínimo de alumnos".
El curso se inició el 15 de noviembre de 2015, por lo que incorporó al expediente administrativo la relación de monitores y horas que como docentes habrían de impartir, en concreto, tres, incluido él mismo.
Sin embargo, una de estas personas, "cuyos datos tenía porque había colaborado en otra ocasión" con Abakan Formación SL, "no tuvo participación alguna en el curso" pese a lo cual J.M.M.R.C. habría remitido a la Consejería de Empleo una ficha de monitor con esos datos "imitando la firma de este" y un documento de programación didáctica del curso en relación a uno de los módulos, "en el que fue igualmente imitada su firma como docente".
El fiscal señala, asimismo, que el acusado habría "alterado" los partes de asistencia que servían para justificar ante la Junta el destino del importe de las ayudas y el cumplimiento de los requisitos exigidos y que lo hizo "incluyendo firmas de alumnos que habían dejado de asistir al curso" ya que, de los diez que lo iniciaron, sólo tres de los estudiantes completaron la formación "con el consiguiente riesgo de perder la subvención".
Estos alumnos, cuya firma se incluyó presuntamente de forma fraudulenta en esos partes en hasta 27 ocasiones en algunos casos, fueron calificados además como "aptos" en la documentación remitida a la Consejería de Empleo.
El Ministerio Público acusa, asimismo, a J.M.M.R.C. de "imitar" la firma de uno de los dos socios, que, pese a figurar en el Registro Mercantil como administradores, se había desvinculado de la empresa años antes y carecía, por tanto, de "relación alguna con la realización del curso".
"Pese a esto, presentó en el expediente del curso un documento en el que este exsocio certificaba que en la Junta General Extraordinaria se le había autorizado a solicitar y coordinar la subvención a la Junta de Andalucía cuando no tuvo participación y no se celebró junta de socios alguna", concluye.
Al margen de la pena privativa de libertad, el fiscal, en su escrito elevado al Juzgado de Instrucción 1, que ya ha dado traslado a la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, pide la imposición de una multa de diez meses con una cuota diaria de nueve euros.
ARCHIVOS EN OTRAS PIEZAS
El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería decretó en enero el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa seguida contra la empresa Profesional de Salvamento y Socorrismo SL y tres de sus responsables por presuntas irregularidades en cursos de formación subvencionados por el SAE al considerar que, tras la practica de las diligencias de investigación, no había infracción penal ni los hechos eran constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental y estafa que les atribuyó la Policía Nacional en el marco de la operación 'Edu'.
Con este último caso, hasta el momento ha trascendido el archivo de al menos seis procedimientos de los 16 en los que fue dividida la causa y que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. La división llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado al Decanato para su reparto.
De todos ellos, dicho juzgado asumió una de las causas y acordó decretar el archivo de la investigación sobre Centro de Estudios Andarax SL y su administrador. La juez estimó que, a "diferencia" de otros casos, en este "sí se impartió el curso debidamente" y los alumnos recibieron la formación "por la que acudieron", por lo que no existe ninguna irregularidad de relevancia penal.
Estos archivos se suman a los ya decretado con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL por el Juzgado de Instrucción 6, que consideró en enero de 2015 que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por el profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".
También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito. Este mismo juzgado también dictó sobreseimiento de la causa contra la sociedad Granaforma SL.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción 1 también cerró la causa seguida contra la empresa Aplinfo Almería SL y su responsable al no ver infracción penal ni hechos constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones.
