El presidente de los administradores de fincas de Málaga sostiene que es "imposible" cumplir la ley, en muchos casos por falta de espacio
MÁLAGA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El 65 por ciento de comunidades de propietarios de más de 15 años en la provincia de Málaga tienen problemas de accesibilidad, a pesar de que el próximo mes de diciembre de este año, por ley, se deben haber eliminado las barreras arquitectónicas en las mismas. Se persigue que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los espacios comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos.
Este porcentaje es aún mayor en pequeños municipios, donde la práctica mayoría de las comunidades aún no han realizado las obras para eliminar las barreras, según ha indicado a Europa Press el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social así lo recoge. El Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España afirma que el 75 por ciento de los inmuebles necesitan progresar en esta materia.
Pastor ha asegurado que se trata de un problema y ha advertido de que es prácticamente "imposible" cumplir con esta obligación durante el próximo año, sobre todo porque hay comunidades de propietarios pequeñas que a veces no tienen ni espacio para la instalación de un ascensor o una rampa.
La norma habla de accesibilidad universal, es decir, se exige que además del acceso adecuado a la vivienda del propietario afectado, también lo sea en las zonas comunes del edificio como son los garajes, las piscinas o los trasteros.
La ausencia de ascensor es el problema que más dificultad tiene solventar, seguido de la falta de espacio para instalar rampas de acceso al portal o al propio garaje y que requieren la ocupación de la vía pública. No obstante, Pastor ha añadido que hay otra problemática con la accesibilidad, por ejemplo, a piscinas e incluso al agua de las mismas, con la necesidad de contar con sillas hidráulicas.
CONTEMPLAR OTRAS MEDIDAS
El presidente del CAF Málaga ha reclamado mayor implicación de las administraciones para solventar este problema, insistiendo en que no se podrá tener lista la accesibilidad en las comunidades para el 4 de diciembre de 2017, fecha estipulada como tope.
En este punto, ha esperado que la Inspección "no vaya el día 5 de diciembre del año que viene a inspeccionar y sancionar", por lo que ha indicado que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España "intentará que se suavice la ley o que se contemplen otras medidas".
La ley, ha añadido, no habla de ascensores en todos los casos sino de montacargas, rampas o sillas salvaescaleras, sin embargo, ha reiterado Pastor, hay comunidades que tienen prácticamente imposible mejorar su accesibilidad "porque la propia construcción, cuando se hizo, no lo contempló y no hay hueco".
Ha puesto como ejemplo una comunidad de propietarios en Málaga capital que para instalar un ascensor tendría que eliminar todas las escaleras y otras en municipios como Alhaurín el Grande donde es "imposible" que las más antiguas lo cumplan.
También ha agradecido el "esfuerzo" de algunas administraciones como el Ayuntamiento de Málaga capital que ha destinado dos millones de euros para mejorar la accesibilidad en edificios, aunque esta medida sólo beneficiará a unos 60.
Todo lo contrario sucede con las edificaciones ejecutadas desde hace 15 años que obligatoriamente deben cumplir todos los requisitos en materia de accesibilidad, "y lo cumplen".
El inconveniente contemplado por las comunidades es el que se refiere al coste económico de las obras. La ley establece que las obras de adecuación al inmueble no pueden suponer una carga desproporcionada o indebida, de modo que se fija un máximo de 12 mensualidades de los gastos de la comunidad para asumir presupuestariamente esos trabajos.
Esto supone que si un vecino paga una cuota, por ejemplo, de 70 euros mensuales, no deberá superar una derrama superior a los 840 euros. El problema surge, según ha explicado Pastor, si se supera el presupuesto ya que habría que convocar una junta de propietarios y el acuerdo debe ser tomado con el voto de la mayoría, que a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Además, ha agregado, si los propietarios que hayan pedido la adecuación de las obras contribuyen con el resto del coste por su cuenta, los demás vecinos estarán obligados a pagar las 12 mensualidades exigidas por la norma.
