CÓRDOBA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha tomado declaración a tres de los cuatro imputados hasta el momento en la causa que investiga la gestión en los consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en la provincia y que fue remitida a principios de año al citado juzgado por la Fiscalía Provincial tras hallar indicios de delito, según confirman a Europa Press fuentes judiciales.
En concreto, además del delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Ignacio Expósito, han pasado ante el juez dos directores generales de Calidad de los Servicios para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de los que uno de ellos se ha negado a declarar y el otro sí lo ha hecho, informan fuentes judiciales.
Mientras, el cuarto imputado es el que fuera anterior delegado provincial de la citada Consejería de la Junta Antonio Fernández Ramírez, que se preveía que declarara este martes antes el juez, si bien la cita se ha fijado para principios de la próxima semana.
Al respecto, el Ministerio Público remitió el caso al juzgado tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y se investiga "la posible existencia de hechos que podrían constituir delito de malversación de caudales públicos", según recoge el decreto del fiscal.
En dicho decreto, se requiere a cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos que integran los ocho consorcios de las Utedlt en la provincia que aporten toda la documentación existente presentada para la justificación de las subvenciones concedidas, entre 2010 y 2012, al tiempo que el fiscal pide declaración de las actuaciones de los presidentes de dichos consorcios.
DECLARACIÓN DE EXPÓSITO
Por su parte, Expósito, quien ha prestado declaración este martes en el juzgado, en calidad de imputado, sobre su gestión en los citados consorcios, ha pedido "el sobreseimiento de la causa" respecto a él, ya que, según ha alegado, no llegó a intervenir en los hechos que se investigan.
Así se recoge en el escrito, al que ha accedido Europa Press y que ha presentado el delegado a través de su abogado este mismo martes en el citado juzgado cordobés, en el momento de su declaración.
En el citado escrito, Expósito, "a la vista del contenido del Decreto de Remisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 9 de diciembre de 2014, en el que se contiene una pormenorizada relación de los hechos objeto de investigación", del que el delegado tuvo conocimiento este lunes, es decir, un día antes del día en el que se le ha citado para declarar, ha querido aclarar al juzgado que ocupa "el cargo de delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba desde el 31 de julio de 2012, como se acredita con el documento número uno de los que se adjuntan".
Expósito ha subrayado en su escrito el hecho de que "todos los hechos que son objeto de investigación son anteriores" a la fecha en la que tomó posesión, ya que "el último de ellos es todo lo relativo a la concesión de 94 subvenciones excepcionales a los 94 consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, que serían concedidas por Resolución del consejero de Empleo y presidente del SAE de 11 de diciembre de 2012".
En concreto, según ha destacado Expósito en su escrito al juzgado, "esta subvención fue solicitada en el ámbito de la Delegación Provincial de Córdoba el 29 de junio de 2012, como consta en el acta adjunta".
En consecuencia, según ha argumentado el letrado de Expósito en su escrito, el delegado "no tuvo intervención alguna en la adopción de las citadas subvenciones que se solicitaron con fecha anterior al inicio del ejercicio de su cargo, y fueron decididas por el consejero en atención a dichas solicitudes".
MÁS DE 57 MILLONES DE EUROS
Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que denunció los hechos y que precisa 'El Día de Córdoba', el Fiscal Superior de Andalucía "ordenó seguir adelante con la investigación penal abierta por la denuncia de SAF", que solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.
El SAF ya explicó que el Fiscal Superior de Andalucía dictó un decreto de remisión que ordenaba continuar con la investigación en cada una de las provincias afectadas. Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012 el Servicio Andaluz de Empleo concedió ayudas por una valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios Utedlt de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba.
Además, en el informe previo de la Cámara de Cuentas se concluye que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48 por ciento de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".
