Defensor del Pueblo Andaluz pide un acuerdo que fije "los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública

Publicado 23/05/2017 18:13:09CET

Maeztu y otros agentes sociales han comparecido en la Comisión de Salud sobre el proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del SSPA

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado este martes la apuesta normativa que supone el proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía y ha reclamado un acuerdo en el ámbito autonómico que fije "los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad".

En la última comparecencia de agentes sociales convocados en el Parlamento andaluz para valorar este proyecto de ley, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la pervivencia e indemnidad de los valores de la atención sanitaria "se han visto amenazados como consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que, en algunos casos, han supuesto una cierta quiebra de los mismos".

En cuanto a la universalidad del sistema, según un comunicado, Maeztu ha saludado que se sustituya la exigencia de residencia en Andalucía, por la condición de vecindad administrativa, de manera que se lleve a cabo un regulación expresa del derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de personas inmigrantes sin autorización de residencia, que resultaba parcialmente excluido (excepto en cuanto a la atención de urgencias) por la normativa estatal.

No obstante, el Defensor ha advertido sobre la posibilidad de que surja un conflicto competencial con la Administración estatal, aunque parezca poco probable. Asimismo, ha apoyado el compromiso de no establecer sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria, así como de minimizar los que pudieran fijarse por la normativa básica estatal en cuanto a la cartera común, con el fin de que nadie quede excluido de la misma por razones económicas.

Sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, el Defensor ha señalado que el proyecto de ley establece un principio de suficiencia financiera para desarrollar las actuaciones que corresponden al sistema sanitario, aunque ha echado en falta una memoria económica o plan de financiación, o al menos una definición de ese compromiso presupuestario, por ejemplo, mediante la fijación de un porcentaje del PIB.

De igual modo, el Defensor ha explicado que la ley regula diversos mecanismos para contribuir a la sostenibilidad económica, que en su mayor parte vienen ya funcionando, algunos con refrendo legal, como por ejemplo parte de los vinculados al uso racional del medicamento, y otros que ahora se recogen con dicho rango, caso de la Estrategia de gestión --que resulta equiparable a los actuales planes de salud--, las estructuras de compras de bienes y servicios, o la entidad responsable de la evaluación de tecnologías sanitarias.

Sobre la sostenibilidad social, basada en la equidad del acceso a los recursos, la lectura del Defensor del Pueblo en base a las quejas que recibe la institución es que "aún nos encontramos lejos de alcanzarla a tenor de las situaciones que nos comunican muchos ciudadanos en relación con la asistencia sanitaria que precisan".

"La amplitud territorial de nuestra región y la diversidad geográfica son sin duda condicionantes difíciles de superar, pero lo cierto es que no podemos decir que la prestación sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma sea igual para todos los usuarios", ha asegurado el Defensor del Pueblo, que ha puesto como ejemplo las terapias para el tratamiento del ictus; los cribados de algunas patologías; el acceso a medicamentos innovadores; el tratamiento de rehabilitación domiciliaria; los programas para enfermos mentales o los tiempos de espera para consultas e intervenciones.

Por esta razón, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abogado por tener en cuenta situaciones crónicas de insuficiencia de medios que afectan a determinadas áreas geográficas y aglutinan las reivindicaciones de su población, que al ser atendida en centros de referencia ubicados fuera de sus lugares de residencia se ven obligados a realizar importantes desplazamientos y a someterse a los tiempos y plazos que marcan los mismos.

Por último, Maeztu ha recordado que en el último Informe Anual de la institución emplazó a buscar fórmulas más imaginativas de participación, ya que la falta de diálogo ha sido el motivo expuesto en las muestras de contestación ciudadana a la atención sanitaria. De hecho, el Defensor ha subrayado que este proyecto de ley, pese a haber contado con un trámite de consulta amplio y extendido, y en el que han participado múltiples asociaciones y entidades, su existencia, "no ha trascendido realmente a la sociedad y ni siquiera a llegado a ser conocida por muchos de los profesionales llamados en su día a aplicarlo".

Por otra parte, también ha comparecido en la Comisión de Salud en el Parlamento la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, que considera que el proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía "muestra numerosas lagunas para asegurar adecuadamente los criterios de planificación, organizativos y financieros que respalden la protección de la salud y la atención sanitaria de la ciudadanía andaluza".

Además, considera que la Ley "debería dar respuesta a las movilizaciones ciudadanas en protesta por las medidas adoptadas por la administración andaluza en materia de salud, tales como la merma de recursos materiales en la sanidad pública andaluza, que repercuten directamente en los usuarios de los centros hospitalarios; los recortes que han derivado en problemas asistenciales como listas de esperas, atención médica especializada o estado de los servicios de urgencias; el incremento de la concertación y la privatización parcial de algunos de los servicios en la sanidad pública andaluza; y las fusiones hospitalarias, algunas de ellas recientemente anuladas".

Por contra, señala en un comunicado, el texto presenta lagunas en lo que debería ser una ley para garantizar un sistema sanitario gestionado desde lo público, que permita una atención de calidad a la salud de las personas, desarrollado bajo criterios de cohesión social y territorial y que garantice un empleo de calidad y una adecuada participación de los interlocutores sociales y las personas trabajadoras del sistema.

CCOO PRESENTA 39 ENMIENDAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY

Igualmente, una delegación de CCOO, encabezada por la secretaría de Política Social y Migraciones de CCOO Andalucía, Rosa Berges, y el responsable de Política Institucional de la FSS-CCOO Andalucía, José G. Campoy, han presentado en la Comisión un total de 39 enmiendas al articulado del Proyecto de Ley.

En primer lugar, se indica en un comunicado, CCOO ha defendido la universalidad de la prestación sanitaria en la comunidad autónoma, puesto que el proyecto "rompe con este principio al excluir a determinadas personas extranjeras", y sobre la estructura del SSPA, apuesta por un solo proveedor público, el SAS, y reclama que se abra un proceso negociado con la representación sindical para la plena integración de las agencias públicas sanitarias --adscritas funcionalmente al SAS-- y las fundaciones de investigación biosanitaria.

La delegación de CCOO ha explicado también que la financiación es un factor principal para garantizar la permanencia y la mejora del SSPA, por lo que considera que "el punto de partida óptimo debería ser el 7% del producto interior bruto (PIB) andaluz". Y respecto a las unidades de gestión clínica, en sindicato "a priori" no está en desacuerdo, siempre que bajo ninguna circunstancia tengan personalidad jurídica propia y que en su regulación se incluya obligatoriamente la participación de los profesionales y de su representación legal.

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