SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha rechazado este jueves en el Parlamento andaluz la decisión del Gobierno central de aplicar el IVA al servicio de asistencia jurídica gratuita que presta la abogacía a las personas que carecen de recursos económicos para acceder a la tutela judicial efectiva.
"Estamos ante una medida sorprendente para las administraciones, los beneficiarios y los profesionales, que se ha adoptado sin tener en cuenta su impacto ni las importantes repercusiones que conlleva, entre ellas las presupuestarias", ha señalado el consejero durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Justicia e Interior.
De Llera ha subrayado que el Gobierno andaluz ha reiterado en multitud de ocasiones que la justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía que "no puede estar limitado por razones económicas o recaudatorias ni quedar sujeto a las leyes del mercado".
A juicio del consejero, esta medida del nuevo Gobierno del PP "pone en jaque la garantía de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con menos recursos económicos, cambiando así la naturaleza jurídica de un servicio público esencial".
Sin embargo, De Llera ha asegurado que el Gobierno andaluz va a mantener "la defensa del derecho a la justicia gratuita dotada de los medios económicos y personales adecuados para su plena vigencia y efectividad, así como su oposición al cambio de criterio de aplicar el IVA al turno de oficio".
"Por ello, trabajaremos en cuantas medidas sean necesarias para que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita continúen exentos del IVA, manteniendo el criterio consolidado de que las cantidades que se abonen al turno de oficio con cargo a los presupuestos no tienen carácter de retribución o compensación, tal como recoge la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", ha advertido el titular de Justicia e Interior.
Según el consejero, la Junta ya ha manifestado esta posición en la Comisión Técnica convocada el pasado 3 de febrero por el Ministerio de Justicia, donde planteó, además, la necesidad de coordinación de todas las comunidades autónomas.
La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
Más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000), se encargan de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita en Andalucía, de la que se benefician cada año pasado más de 300.000 personas.
