De los menores atendidos, más del 78% fueron niñas y prácticamente en la mitad de los casos hubo violencia sexual por parte de algún familiar
SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.011 menores han sido atendidos durante 2016 en Andalucía a través del Programa de Evaluación y Tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, según ha informado este miércoles en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales la consejera, María José Sánchez Rubio. Este es uno de los datos que ha facilitado durante su comparecencia en sede parlamentaria para valorar el 'Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones y derivación al Programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual'.
Durante su intervención en un debate agrupado sobre este tema en la Comisión de Igualdad, Sánchez Rubio ha recordado, en primer lugar, que la Junta de Andalucía ha sido "pionera" en la puesta en marcha de recursos para atender a los más pequeños que son víctimas de violencia sexual. En este sentido, el año pasado un total de 685 fueron derivados a programas de evaluación y diagnóstico, y 326 tuvieron que recibir terapia tras comprobarse que realmente habían sido víctimas de abusos sexuales.
De los menores que recibieron tratamiento, más del 78 por ciento fueron niñas y prácticamente en la mitad de los casos atendidos hubo violencia sexual por parte de algún familiar de la víctima. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje se registró en la franja de entre 13 y 18 años (47,6% de los casos), seguido de los menores de entre 0 y 6 años (17,5%) y los de entre 7 y 12 años (3,4%). La consejera ha hecho una llamada de atención sobre la circunstancia de que el seis por ciento de las menores atendidas presentaban alguna discapacidad, principalmente retraso intelectual, lo que confirma que "la discapacidad es un factor de vulnerabilidad en los casos de violencia sexual".
Ha insistido en que, ante esta realidad, "hay que redoblar y aunar esfuerzos para ayudar y dar respuesta a estas víctimas y a sus familias". Asimismo, ha afirmado que este es un compromiso y una responsabilidad "que asumimos en el ejercicio profesional diario y queremos hacer extensivo a todos los ámbitos profesionales e institucionales que trabajan en Andalucía del lado de los niños y las niñas".
Asimismo, ha reiterado la necesidad de contar con "instrumentos específicos" como el citado protocolo, que ha ayudado a agilizar y mejorar las atenciones e intervenciones con las victimas. Del mismo, ha resaltado la asistencia especializada a las victimas a través de equipos multidisciplinares integrados por profesionales de psicología, derecho y trabajo social. En este sentido, ha señalado que los menores son evaluados y atendidos tras ser derivados por servicios de diferentes áreas como educación, salud, servicios sociales y comunitarios, y juzgados.
La consejera ha recordado que, además de asistencia, los resultados y actuaciones sirven como base para apoyar las denuncias correspondientes así como prestar colaboración en procesos judiciales. Se trata por tanto de una intervención integral dirigida a menores víctimas de violencia sexual y a su familia, ha matizado.
OTROS INSTRUMENTOS
Además del protocolo, la Junta cuenta con otros instrumentos como la 'Guía de Indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a los centros de protección de menores', en colaboración con el Servicio de Centros de protección de Menores, para dotar a los profesionales de herramientas que ayuden a detectar casos de violencia sexual y así poder derivarlos al programa de tratamiento cuanto antes. Igualmente, la 'Guía para la prevención, la detección y actuaciones en situaciones de violencia sexual en familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras', para identificar los síntomas y señales cuanto antes y prestar un tratamiento adecuado de manera inmediata.
Sánchez Rubio ha finalizado la comparecencia indicando que, con vistas a un futuro inmediato, su departamento se propone seguir trabajando en la línea de mejorar los recursos y la atención a los menores más vulnerables, con actuaciones dirigidas a la información y sensibilización de la población general para la prevención de la violencia sexual. Igualmente, se está planteando continuar y ampliar el Plan de formación dirigido a los profesionales, especialmente desde el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) y Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
La diputado de Cs Marta Bosquet dice que una vez detectados los casos "es fundamental trabajar con el menor y la familia que no está implicada", porque "también puede generar una sensación de frustración por parte de aquellos familiares que no han sabido detectar esa situación" y apuesta por "la transversalidad entre Políticas Sociales y Justicia para que "el señalamiento de estos juicios tengan un carácter preferente en las agendas de los juzgados".
"HAY QUE CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE QUE ESTO OCURRE"
Desde Podemos, Esperanza Gómez afirma que este tema "requiere una revisión por parte de la Junta", y asegura que al margen del protocolo, "hay que tener en cuenta que la verdad judicial a veces va por un lado", por lo que "aunque no haya condena, la administración tiene que hacerse cargo si sus propios servicios han detectado que así es", y, además, "de manera transversal", añade. Además, la diputada comparte "la necesidad de campañas, hablar de este tema y concienciar a la sociedad de que esto ocurre".
Soledad Pérez, del PSOE, ha destacado que Andalucía "tiene una amplia experiencia en este tema" y ha reseñado que según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, "en muchos de los casos el condenado figura en el árbol familiar o en la foto del salón junto a las víctimas". Igualmente, indica que "se necesita seguir concienciando a jueces y tribunales que usen pruebas preconstituidas para acortar el tramo entre los hechos y que el menor comparece en los juzgados" y señala que "las sentencias son pocas".
La diputada de IU Elena Cortés ha dicho que "se ha sorprendido de que se detecten en torno a 1.000 casos al año, porque cuando detectamos estos qué no habrá", afirma, toda vez que destaca la "necesidad de una coordinación transversal en un montón de áreas que son de competencia pública". También se pregunta "qué mecanismo tiene la Consejería si constatamos que en algún sitio el convenio no funciona".
Por último, la popular Ana Vanessa García ha criticado que los servicios de evaluación de los menores "estén externalizados" y asegura que "por lo que les llega, puede ser que fallen los protocolos, y si eso ocurre, hay que tomar algún tipo de medida", porque "no podemos mirar hacia otro lado". "Qué pasa si se detecta algún fallo", concluye.
