SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha lamentado que la 'solución' de la Junta de Andalucía para cumplir la jornada de 37,5 horas para sus empleados públicos, después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal su decisión de restablecer la jornada laboral de 35 horas semanales, se ha convertido en "un considerable escándalo con ribetes de esperpento".
En una nota, el SAF, que ha dejado claro que este sindicato "tiene entre sus fines y objetivos la profesionalización y dignificación
de la función pública de las diferentes administraciones públicas de nuestra comunidad autónoma", considera que "la profesionalidad y dignidad del funcionariado exigen, desde nuestra perspectiva, entre otras cosas, la escrupulosa observancia del ordenamiento jurídico, lo que entraña el respeto y acatamiento de las decisiones firmes de los juzgados y tribunales, aunque éstas no nos satisfagan".
A su juicio, "el funcionario, como agente de la Administración, debe
actuar en todo momento con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, conforme al mandato constitucional".
Desde tal posición, este sindicato rechaza "toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias de jueces o tribunales; máxime si ello se promueve desde la propia Administración".
Considera que "ello no es óbice para que este sindicato, mediante la acción sindical, defienda los legítimos intereses profesionales del funcionariado al que se debe y representa".
En ese sentido, considera que la jornada de 35 horas semanales "es un
derecho adquirido, que por razones de interés general --en el contexto excepcional de una grave crisis económica-- fue temporalmente suspendido y que debe restablecerse --una vez superada ésta-- cuanto antes".
No obstante, el sindicato ha mostrado expresamente su "repulsa" por la forma en que la Junta de Andalucía "ha abordado y 'resuelto' el asunto de la jornada de trabajo tras la sentencia del Tribunal Constitucional".
Ha lamentado que "como suele ser habitual en la actuación de la Junta de Andalucía, su decisión obedece a motivos ajenos a la satisfacción del interés general, aunque formalmente declare lo contrario". El SAF asimismo ha asegurado que también en esta decisión "concurren dos notas que suelen caracterizar con demasiada frecuencia la actuación de la Junta, como son la imposición y la improvisación".
Desde tal perspectiva, el SAF ha denunciado que esta medida "ha sido adoptada unilateralmente por la Junta de Andalucía, de forma arbitraria y sin participación alguna en ello de este sindicato".
"Más aún, ha sido adoptada con vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, concretamente el de libertad sindical, conforme al cual la Ley obliga expresamente a que, por tratarse de la jornada de trabajo, es preceptiva la negociación previamente a su implantación", ha añadido el SAF, que ha dejado claro0 que esa negociación en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía "debe llevarse a cabo en la Mesa Sectorial de Negociación, donde el SAF ostenta la representación mayoritaria".
Ha lamentado que "no sólo ha sido impuesta por las bravas y con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico, sino que ha sido fruto de la improvisación chapucera y falta de todo rigor y sentido común".
EL SAF COMPARTE LAS "CHANZAS" EN LOS MEDIOS
Por ello, este sindicato "no puede sino compartir las chanzas que los medios han venido publicando al respecto en estos días; compartirlas a la vez que sentir una profunda vergüenza ajena".
A su juicio, "la Junta de Andalucía ha demostrado una vez más que subordina la satisfacción del interés general a los intereses partidistas del partido gobernante, y que en su ánimo y estrategia de confrontación y desgaste del Gobierno central no ha dudado en pretender
burlar torticera y chapuceramente la decisión del TC, usando a los
funcionarios como instrumento de sus intrigas partidistas y causando con ello un enorme desprestigio y descrédito a la Función Pública andaluza".
Considera que "se trata de un descrédito y desprestigio que hay que sumar al que ya padecemos por el simple hecho de servir en una institución como la Junta que está bajo sospecha en todo lo relativo a su función pública".
