SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se ha dirigido "por escrito" a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, "solicitando la convocatoria inmediata del concurso de méritos para los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía".
Así lo ha anunciado el SAF en un comunicado este jueves en el que subraya que "ya han transcurrido seis meses de la resolución del último" concurso y, "según establece la normativa vigente, se debe convocar al menos uno semestralmente".
Desde el SAF afirman que "la Junta ha incumplido de manera sistemática su obligación legal de convocatoria, ya que desde el año 2011 sólo se han convocado dos concursos de méritos", lo cual, según opina el sindicato, "supone un gravísimo e irreparable perjuicio a la carrera administrativa y a la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de funcionarios de carrera en Andalucía".
Según agrega el SAF, "incluso el Defensor del Pueblo Andaluz promovió de oficio una resolución que instaba a la Junta de Andalucía a que cumpliera con su propia normativa y convocara el concurso de manera semestral a la mayor brevedad posible", y en la que "hacía a los órganos responsables un recordatorio de sus deberes legales, basándose en la numerosa normativa vigente".
El SAF critica las "peregrinas excusas de Función Pública para no convocar los citados concursos a lo largo de estos siete años", como "la falta de consenso sindical, la doctrina judicial contradictoria sobre el mérito de antigüedad y, sobre todo, la gran falacia de que la Unión Europea sancionaría a Andalucía por esta cuestión".
Tras aseverar que "la Junta ya tiene la ley que quería, para favorecer al colectivo que quería, en relación al cómputo de antigüedad", y preguntarse "a qué espera entonces para convocar el concurso de traslados", el SAF advierte de que "un nuevo e injustificado incumplimiento por parte de la Administración al no convocar el concurso de méritos sería susceptible de exigencia de responsabilidades por parte del Defensor del Pueblo Andaluz a las autoridades responsables, todo ello de conformidad con el artículo 25 de la Ley 9/1983, y así se pediría desde el SAF a dicha institución".
Finalmente, el sindicato avanza que, "en el caso de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública siga con su política de incumplir su propia normativa, el SAF adoptará la totalidad de medidas que estime oportunas, incluyendo las judiciales en todas las instancias, para salvaguardar el derecho que asiste al funcionario público andaluz en lo que respecta a su promoción profesional y a la conciliación de su vida familiar con la profesional".
