SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF ha presentado este viernes una querella contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, por un presunto delito de "prevaricación, desobediencia grave y coacciones" por las "trabas existentes" para el desarrollo de la concentración celebrada este pasado miércoles ante el Parlamento de Andalucía en contra del decreto ley de reordenación del sector público, aprobado ese mismo día en la Cámara autonómica.
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se ha presentado ante el juzgado de instrucción de Sevilla por la Unión Provincial de CSIF y en ella se proponen una serie de pruebas documentales, como noticias recogidas por los medios de comunicación, como el informe de despliegue del operativo policial e instrucciones de ubicación. Asimismo, se proponen como testificales que sean citados para su declaración el jefe del operativo policial y el jefe de seguridad del Parlamento andaluz.
En dicha querella se recuerda que CSIF convoca, junto a otros sindicatos, una concentración para el 16 de febrero ante el Parlamento andaluz, ante lo que el delegado del Gobierno dictó una resolución el pasado 8 de febrero, donde se indicaba que los participantes debían dejar expedita la calle San Juan de Ribera en la parte más cercana al Parlamento andaluz desde su intersección con la calle Muñoz León hasta el acceso al hospital Virgen Macarena.
Contra esta resolución que limita, a juicio del sindicato, "excesivamente" la ubicación de la concentración se interpone recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde se pide que se permita la "interrupción completa del paso de vehículos en ambos sentidos y, en definitiva, se respete el derecho constitucional de reunión de los promotores".
El TSJA emite una sentencia por la que se anula parte de la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla tras estimar el recurso interpuesto por CSIF Sevilla y se apunta que "no podemos compartir la restricción al derecho de reunión tal y como ha sido impuesta y se acuerda la estimación parcial del recurso contencioso administrativo".
CSIF argumenta en su querella que en la fecha de la concentración, "con un amplísimo despliegue policial, que pudiera ser de unos 20 furgones de antidisturbios policiales, el jefe del operativo indicó a esta parte que no se permitiría en ningún caso, acercarse a la puerta del Parlamento". Agrega que tras un debate dialéctico, el jefe del operativo policial, determinó que "tenía órdenes de permitir un carril de entrada y salida al Parlamento en ese lugar, cuando dicha cuestión queda resuelta por el órgano judicial en su propia sentencia, por lo que se incumple la sentencia del TSJA".
Asimismo, CSIF añade que ante su insistencia verbal de prevalecer los términos de la resolución judicial, "los agentes de seguridad automáticamente realizan un amplio despliegue policial, para coaccionar e impedir el acceso a dicha zona, e incluso en ese momento, se instalaron vallas metálicas protectoras".
En sus argumentos jurídicos, CSIF lamenta que el delegado del Gobierno "impide el ejercicio pacífico y libre del derecho de reunión en la concentración de los trabajadores, lo cual a su juicio puede ser objeto de un delito de prevaricación, ya que esta autoridad "a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
Además, el sindicato alude a un presunto delito de coacción con limitación de garantías constitucionales, así como un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, en este caso judicial, en referencia a posible "incumplimiento" de la sentencia del TSJA.
En ese sentido, aluden a un momento de la sentencia, donde el Alto Tribunal andaluz apunta que "del examen de lo actuado por la Administración demandada, en el actual supuesto no se deja constancia del menor indicio, ni sospecha, de posibles actos de violencia por parte de los manifestantes, según la propia Administración demandada, por lo que no se puede deducir motivo de restricción alguna en este caso".
CSIF apuntó este pasado jueves en una nota que en la concentración "se incumplió la autorización dada por parte de la Policía, ya que se prohibió acercarse a las puertas del Parlamento con la excusa de dar salida a los vehículos de los parlamentarios, medida esta contraria al espíritu de la sentencia y del todo injustificable por cuanto el Parlamento dispone de más salidas".
"Con ello no sólo se conculcaba el derecho de los concentrados a establecerse en ese espacio público, sino que además se provocada abiertamente a los mismos, quienes se veían desplazados y obligados a ver pasar por delante de ellos a los parlamentarios que aprobaron minutos antes la norma contra la que precisamente estaba convocada la concentración", apunta en dicho comunicado.
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