Aguayo destaca que la reordenación ha permitido suprimir ya 189 puestos directivos, lo que supone un ahorro de 3,2 millones
SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Parlamento que ya ha concluido la fase de desarrollo normativo del proceso de reordenación del sector público andaluz, por lo que no será necesario agotar el plazo legal establecido.
Martínez Aguayo ha explicado que el pasado 19 de abril se aprobaron ocho decretos de creación de agencias públicas (Agencia del Servicio Andaluz de Empleo, de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Andaluza del Conocimiento, de Obra de la Junta de Andalucía, Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía e Instituciones Culturales, de Medio Ambiente y Agua de Andalucía).
Simultáneamente, según ha apuntado la titular del ramo, se han aprobado cinco decretos de modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerías a las que están adscritas dichas agencias, con objeto de adecuar su organización; así como seis protocolos de integración del personal afectado por estos cambios.
La consejera ha destacado que esta reordenación ha permitido suprimir ya 189 puestos directivos del sector público, lo que supone un ahorro directo en retribuciones de 3.290.536 euros. Ha agregado que, una vez que finalice todo el proceso de reordenación, se alcanzará un ahorro de 118 millones de euros por la aplicación directa de economías de escala.
En su intervención, Aguayo ha defendido esta reordenación, que viene a simplificar el modelo de sector público autonómico y refuerza el carácter público de los entes instrumentales al servicio de la Junta de Andalucía. "Se pasa de un modelo en el que existía una dispersión de figuras, al modelo establecido por la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), que impone la figura de la agencia pública como el ente básico para desarrollar la prestación de servicios públicos en régimen de descentralización funcional", ha apuntado.
La principal consecuencia, según Martínez Aguayo, es una "simplificación del funcionamiento de la propia Administración instrumental y una desburocratización de los procesos", con el objetivo final de mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas de Andalucía.
Ha subrayado que, gracias a este proceso, "ahora contamos con un número menor de entidades, hemos eliminado duplicidades, y se han unificado recursos humanos y materiales, lo que supone un ahorro de costes para la Administración, pero también un ahorro de tiempo y de dinero para el ciudadano y las empresas". Además, se garantiza que el funcionamiento de las Agencias se ajusta a lo que establece la legislación básica del Estado.
Por último, ha valorado que se ha acometido una reforma que garantiza la seguridad jurídica de las actuaciones "preservando el papel de los funcionarios públicos como únicos responsables del ejercicio de potestades administrativas, tanto de forma directa, como indirecta", y garantizando plenamente los derechos de todos los empleados públicos.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
El diputado del PP-A Jorge Ramos ha considerado que la consejera del ramo "no se ha enterado de nada" porque venir a decir al Parlamento que el proceso de gestación de esta reforma se hizo con diálogo y participación "es un sarcasmo y los resultados los tiene a la vista: el enfrentamiento entre los propios sindicatos y el enfrentamiento entre el personal de la administración".
Asimismo, ha acusado a la Junta y al PSOE de despreciar "olímpicamente" las totalidad de las propuesta del PP y gran parte de las de IULV-CA durante la tramitación de la normativa. "No han aprendido nada de los resultados electorales y siguen instalados en la forma de hacer política basada en la prepotencia en el ordeno y mando", ha afirmado Ramos, quien ha indicado que el pueblo andaluz ya no está "sedado" y se rebela ante un modelo de administración "paralela y opaca, que no se somete al derecho administrativo".
Por su parte, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha destacado que la reordenación del sector público ha puesto "en pie de guerra" a los funcionarios y que una reordenación "tan ambiciosa" como se pretendía había que hacerla son "sosiego, objetividad, consenso y dialogo con los afectados". Si bien, ha indicado que el Gobierno andaluz y el PSOE han preferido "abusar de la mayoría parlamentaria, pensando que el acuerdo con los sindicatos de clase les iba a servir".
García ha dicho que el ambiente entre los sindicatos del sector público y los funcionarios no se ha tranquilizado, poniendo como ejemplo la "gran movilización" celebrada hace unos días. Ha querido hacer hincapié en que los sindicatos CCOO y UGT han pagado "caro" su lealtad institucional, puesto que en las elecciones sindicales han quedado "prácticamente eliminados", habiéndose producido una "radical transformación del mapa sindical" dentro de la función pública.
Finalmente, el diputado del PSOE-A José Caballos ha indicado que el objetivo de esta reforma era cumplir el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de reducir la Administración y simplificar el sector público para conseguir el mantenimiento de los servicios públicos. Según ha indicado, Andalucía ha cumplido sus compromisos en "tiempo y forma", algo que no ha ocurrido en todas las comunidades.
"La reforma es inexcusable se pongan como se pongan", ha señalado Caballos, quien ha apuntado que durante la tramitación parlamentaria se escucharon las propuestas de todos los grupos políticos, sindicatos y organizaciones sociales con el fin de mejorar el texto normativo. Si bien, ha destacado que, mientras algunos "se mojaron de buena fe" y se incluyeron en los acuerdos, otros prefirieron mantenerse en un "rechazo frontal sin realizar aportación alguna".
