ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebra este viernes un pleno extraordinario para debatir y someter a votación la decisión de delegar en la Diputación provincial la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos, así como la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la recaudación de multas. El gobierno local socialista, que carece de mayoría absoluta, afronta este debate plenario sin acuerdo previo con la oposición, según refleja la propia portavoz del Gobierno municipal, Miriam Burgos, en una carta recogida por Europa Press.
En esta carta, Miriam Burgos defiende esta decisión alegando la necesidad de prescindir de la sociedad contratada para las labores de gestión, inspección y recaudación de impuestos, al haber vencido el contrato en cuestión, esgrimiendo también las líneas de anticipos reintegrables implícitas en la adhesión a los servicios de recaudación de la Diputación provincial. Burgos señala que se trata de la "única solución" para eludir "futuros problemas de tesorería", pero admite la falta de acuerdo con los grupos de oposición, que tienen la llave en el pleno, apelando a ellos para que no voten "contra el objetivo de salvaguardar el futuro de los trabajadores del Ayuntamiento.
Hablamos de la decisión del Gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra, liderado por Antonio Gutiérrez Limones, de conveniar con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación la recaudación ejecutiva y voluntaria de los impuestos municipales. Hasta hace poco, esa labor recaía en la sociedad 'Coordinadora de Gestión de Ingresos' (CGI), adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento para contratar la "prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación" de impuestos.
Como antesala del desembarco del Opaef en las labores de cobro y gestión de tributos del Ayuntamiento alcalareño, los 20 trabajadores de CGI que realizaban este servicio para el Consistorio en la oficina bautizada como Agencia de Recaudación Municipal de Alcalá de Guadaíra (ARCA), fueron despedidos el pasado 31 de diciembre de 2013 con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio, las mínimas estipuladas por la legislación laboral. Un total de 15 de estos empleados, según las fuentes consultadas por Europa Press, han impugnado sus despidos y han demandado al Ayuntamiento por "cesión ilegal" de trabajadores.
Sobre este último aspecto, es necesario recordar que hace pocos meses, el juzgado de lo Social número tres de Sevilla condenó al Ayuntamiento de Alcalá y a CGI al detectar una "cesión ilegal" de trabajadores de dicha empresa "a favor" de la administración local.
SENTENCIA CONDENATORIA
La sentencia, recogida por Europa Press, exponía los casos de dos trabajadores de 'Coordinadora de Gestión de Ingresos que formaban parte de una oficina conocida como ARCA, integrada entonces por dos funcionarios del Ayuntamiento, cuatro trabajadores contratados por el mismo y "varios más contratados formalmente por CGI".
Las demandas de estos trabajadores, así, se dirigían contra la "cesión ilegal de trabajadores de CGI a favor del Ayuntamiento", dado que el "jefe" de la oficina era un "funcionario municipal" y todos los trabajadores de este centro de trabajo, ya fuesen empleados de CGI o trabajadores públicos, compartían horarios y condiciones laborales y estaban sujetos a la dirección de un funcionario. El local de ARCA y los recursos de la oficina, usados "indistintamente" por los trabajadores de CGI, los trabajadores municipales y los funcionarios, pasarían además a manos del Consistorio una vez finalizado el contrato entre la empresa y la administración local, según la sentencia.
"En nuestro ordenamiento laboral, sólo se admite la cesión de trabajadores realizada a través de empresas de trabajo temporal", señalaba esta sentencia, que declaraba la "existencia de cesión ilegal de trabajadores de CGI en favor del Ayuntamiento", declarando el derecho de los demandantes, ambos trabajadores de CGI, a "integrarse como personal fijo" en la citada empresa o como "personal indefinido-no fijo del Ayuntamiento". La sentencia, no obstante, era susceptible de recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La sección de CCOO en el Ayuntamiento, de su lado, defiende que la recaudación del Opaef "es más deficiente" que la realizada a través de la oficina municipal de recaudación, denunciando la "corrupción laboral" del señalado organismo provincial y atribuyendo todo el conflicto a una "vendetta personal" del edil de Hacienda, Salvador Escudero, con la sociedad 'CGI' por haber "acabado a las malas" con ella después de haber sido su administrador.
