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El técnico de la Junta imputado asevera que la CHG, "posiblemente, sea el ente más corrupto que existe en España"
SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Dos técnicos de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han negado este lunes haber solicitado 5.000 euros en abril de 2012 al propietario de dos pozos ilegales ubicados en la localidad sevillana de Marchena para retrasar el expediente sancionador que se debía incoar.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide para cada acusado cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de cohecho, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años.
Durante el juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla, los dos acusados se han declarado inocentes, han negado haber pedido dinero al propietario de la finca y han opinado que éste les habría denunciado para suspender el proceso sancionador y así poder "seguir regando".
Uno de los acusados, que ejercía funciones en la CHG como técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales, ha negado haber pedido dinero al denunciante para retrasar el expediente sancionador, ya que no se dedicaba a tareas de legalización de pozos y su trabajo consistía en medir las estaciones de aforo de varios puntos de la provincia.
De este modo, y como quiera que padecía una enfermedad en las manos, el día de los hechos le pidió al otro acusado que le ayudara a abrir la estación de aforo de Écija, y éste último le dijo que lo acompañaría en su vehículo pero que antes tenían que pasar por la finca del denunciante.
SIN POTESTAD PARA SANCIONAR
Una vez allí, ha asegurado que no habló con el denunciante "de dinero, de ilegalidades ni de la sanción que le podía corresponder", pues ha subrayado que "no tenía potestad para sancionar ni para iniciar un procedimiento sancionador". "No podía haber parado nada ni multar al denunciante", ha dicho.
A su juicio, el propietario de la finca le denunció "para seguir regando", ya que el proceso sancionador "es muy lento" y "se puede tirar un año o un año y medio regando".
El otro imputado, que prestaba funciones como auxiliar de guardería fluvial para la Empresa Pública de Gestión Ambiental, actualmente Agencia del Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, también ha negado que solicitara dinero al denunciante y ha dicho que tampoco le consta que el otro acusado reclamara cantidad alguna.
De este modo, y durante una primera visita a la finca, "intenté explicarle por todos los medios que lo que estaba haciendo era ilegal y que dejara de regar", ha declarado, agregando que, tras esta primera visita, le llamó por teléfono para concertar una segunda cita, conversación que fue grabada por el propietario de la finca, quien en el transcurso de la misma le "refirió algo de dinero".
"DELITO DE COHECHO"
"Yo no entendía de qué me estaba hablando y le corté por lo sano, le dije que eso era un delito de cohecho y que no iba a entrar en ese juego; le dije que pasaba olímpicamente del tema y que no quería saber nada del dinero", ha afirmado el acusado, quien ha aseverado que el denunciante "estaba regando ilegalmente".
Este acusado, que ha calificado a la CHG como "uno de los entes más corruptos que existe en España", ha dicho que no tiene potestad para denunciar o multar al no ser funcionario público y ha precisado que el informe que realizó sobre la finca del denunciante dio lugar a una denuncia valorada en 360.000 euros.
"Mientras este hombre está regando impunemente, yo estoy sentado aquí", ha lamentado.
SANCIÓN "DESORBITADA"
De su lado, el propietario de la finca ha confirmado que los acusados le "chantajearon" y le pidieron 5.000 euros, y ha lamentado que, "como consecuencia de no ceder a sus pretensiones, recibí una sanción de la CHG de 360.000 euros, totalmente desorbitada y desproporcionada". "Era un auténtico disparate, vendiendo la finca no teníamos para pagar la sanción", ha apostillado.
El denunciante ha señalado que esta sanción fue finalmente archivada y ha asegurado que desconocía que estuviera regando de forma ilegal, aunque actualmente no usa los pozos y ha iniciado un procedimiento contencioso para legalizarlos.
Respecto a la referida conversación telefónica, ha dicho que la grabó "para hacer un seguimiento de lo que estaban pidiendo", precisando que en ningún momento ofreció dinero a los acusados.
La acusación particular que ejerce el dueño de la finca solicita para cada imputado seis años de cárcel y el pago de una multa de 18.000 euros, además del pago de 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños "psicológicos" causados.
LOS HECHOS
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que los hechos tuvieron lugar el 18 de abril de 2012, cuando los encausados contactaron telefónicamente con el afectado, identificándose como representantes de la CHG, con el objeto de concertar una cita para realizar la inspección de dos pozos que poseía en el término municipal de Marchena, los cuales se encontraban pendientes de legalizar.
La Fiscalía relata que, concertada la cita el 19 de abril de 2012, ambos acusados acudieron a la finca conduciendo un vehículo todoterreno con el logotipo de la Junta, comenzando la inspección de los pozos referidos.
En el transcurso de dicha inspección, los encausados manifestaron al propietario de la finca que los pozos eran ilegales y que ello podría conllevar una sanción de 60.000 euros, tras lo que, "a sabiendas de su ilegalidad", le solicitaron 4.000 euros "para un abogado que ellos conocían y que recurría con éxito dichas sanciones", así como 1.000 euros "a cambio de que se retrasase la incoación del expediente sancionador".
