Foto: EUROPA PRESS
av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha informado al Justicia, Fernando García Vicente, de que acepta la sugerencia sobre la necesidad de elaborar una normativa reglamentaria en el ámbito de las sujeciones físicas y farmacológicas en los centros de servicios sociales para personas mayores que, en el marco del modelo que se considere más adecuado, refuerce el principio de seguridad jurídica en esta materia.
En una nota de prensa, la Institución del Justicia de Aragón ha indicado que en su escrito de respuesta la Administración valora de forma "muy positiva" la sugerencia formulada y ha señalado que existe un protocolo de sujeción física de aplicación en atención domiciliaria y centros residenciales sociales y sanitarios, así como su voluntad de darlo a conocer entre los colectivos afectados.
El Justicia, Fernando García Vicente, ha recibido con satisfacción esta respuesta "que contribuye a orientar a los profesionales y a las familias que atienden personas dependientes", han apuntado desde la Institución, que está "atenta a las necesidades de los ciudadanos aragoneses" y "especialmente sensibilizada por los colectivos más vulnerables, entre ellos, las personas mayores, destinatarios de su mayor protección".
Esta preocupación es compartida por todos los Defensores del Pueblo de España que ya en 2011, y en el marco de las Jornadas de Coordinación anuales, coincidieron en la necesidad de sugerir a las Administraciones "protocolos de actuación detallados acerca del uso de limitaciones de la autonomía de la voluntad, tales como internamientos involuntarios o sujeciones restrictivas", han apuntado las mismas fuentes.
PRÁCTICA FRECUENTE
La Institución del Justicia de Aragón ha manifestado que el uso de sujeciones es una práctica "frecuente y muy presente" en los centros sociosanitarios de España y los últimos estudios en la materia llegan a situar en el 25 por ciento el porcentaje de personas dependientes que viven en residencias y son sometidas a sujeciones físicas, como correas y ataduras.
Esta cifra se eleva al 60 por ciento cuando se trata de personas mayores con enfermedad mental, mientras que el 68 por ciento reciben medicamentos psicotrópicos con alto potencial restrictivo. Todo esto "revela una alta tasa en su utilización", frente a otros países como Reino Unido, donde es del 4 por ciento, o Dinamarca, del 2.
Para justificar su uso, "se suelen alegar motivos como la prevención de caídas o la reducción de riesgos, tanto para el mayor --evitar, por ejemplo, que se arranque la sonda--, como para los que le rodean --evitar que moleste a otros usuarios--".
Sin embargo, "la realidad nos muestra que las consecuencias de estas técnicas pueden resultar más dañinas que las propias causas que llevan a utilizarlas, no solo para los residentes --en los que se detectan úlceras por presión, pérdida del tono muscular, incontinencias, depresión--, sino también para el propio personal, que tiene que realizar más trabajo y en un estado de tensión y estrés".
Para dar a conocer esta realidad, el Justicia de Aragón ha realizado numerosas actuaciones de oficio, entre ellas una Jornada de reflexión y debate sobre 'Las sujeciones en centros de atención sociosanitarios y domicilios' y la edición de la Guía para la eliminación de sujeciones físicas y químicas en centros de atención sociosanitaria y domicilios, basada en la Norma Libera-Ger, obra de la Fundación Cuidados Dignos.
En Aragón, el empleo de sujeciones físicas y farmacológicas en personas mayores como medida terapéutica y de seguridad "tiene una cobertura legal mínima que requiere un desarrollo específico, sin perjuicio de que se regule la materia por una ley estatal, incluso revestida del carácter de orgánica, al encontrarse afectados derechos fundamentales", han concluido desde la Institución del Justicia.
