Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/02/2011 14:32
MADRID/OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El gasto sanitario público por persona es menor en aquellas comunidades autónomas con mayor penetración de la sanidad privada, según destaca el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), basándose los datos de los presupuestos sanitario autonómicos por ciudadano publicados recientemente.
Es el caso de Madrid, Cataluña y Baleares, donde el porcentaje de penetración del seguro privado es superior al 25 por ciento, mientras que en el otro lado se sitúan comunidades como Asturias o Extremadura, cuyo presupuesto sanitario público per cápita está entre los más altos y en donde la sanidad privada está poco implantada, afirma la entidad.
"Estos datos ponen una vez más de manifiesto que la planificación del sistema sanitario debería contar con la totalidad de los recursos, públicos y privados, aprovechando y potenciando así el esfuerzo de los usuarios del sistema privado que pagan un complemento por su salud", afirma el secretario general IDIS, Juan Abarca Cidón.
Según señala, en el momento actual no se puede realizar una previsión real del gasto en sanidad que demanda cada ciudadano sin tener en cuenta el gasto que se genera a través de la sanidad privada, dado que la aportación de la sanidad privada es cercana al 30 por ciento.
En opinión de la entidad, el sistema sanitario público es un modelo de referencia por sus condiciones de universalidad y equidad que se apoya de manera fundamental en el copago voluntario que realizan ocho millones de usuarios.
"El desarrollo de la medicina en el momento actual, que ha llegado incluso a la personalización de los diagnósticos y tratamientos, hace que no sea posible garantizar todas las prestaciones para todo el mundo si no fuera porque existe ocho millones de usuarios y sus familias que voluntariamente pagan un suplemento y se salen del sistema sanitario público", afirma.
"Favorecer la promoción del seguro privado con iniciativas como la desgravación fiscal contribuiría a descargar económicamente a un sistema sanitario público cuya viabilidad se está cuestionando de forma importante", subraya Cidón, que recuerda que esos millones de usuarios no consumen recursos de la sanidad pública, lo que se traduce en una descarga financiera para el sistema que los expertos estiman en unos 1.500 euros por persona y año.