OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este viernes, con 34 votos a favor y 9 abstenciones de los diputados de Podemos el dictamen de la ponencia del proyecto de ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias. El texto, que en principio iba a ser respaldado por todos los grupos, sale adelante tras cinco años de tramitación.
El diputado y secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha justificado la abstención de su grupo en la dilación de la tramitación de la norma que, cree, el Gobierno aprovechó como propaganda. Así, entiende que la norma que hace años podría ser pionera es "obsoleta" tras tantos años de tramitación.
Para Podemos, la oficina anticorrupción tendrá una "independencia limitada" que no cumple el objetivo inicial y lamenta que quede a interpretación posterior si se podrá o no hacer denuncias anónimas. Del mismo modo, consideran que se podría ir más allá en el control sobre 'puertas giratorias'. "Hay aspectos de la ley que responden a demandas pero tiene claroscuros. Por eso no bloqueamos pero falta valentía para ir más allá", ha señalado Ripa.
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, fue el encargado de defender el proyecto remarcando la voluntad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos sobre el texto legal.
Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez remarcó que se aprueba una ley trabajada y consensuada por todos los grupos en la ponencia, después de que se presentaran más de 200 enmiendas al proyecto del Ejecutivo.
Por su parte, la diputada de Foro Carmen Fernández, coincidió en destacar la labor de la ponencia para elaborar un texto más completo que la norma estatal, pese a ser una de las últimas comunidades en disponer de ley propia.
Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, es esencial disponer de una norma pero entiende que es necesario no quedarse solo en regular por ley y se debe potenciar la acción política para cambiar la percepción de la ciudadanía que está "en caída libre" respecto a la administración y el problema de la corrupción.
El diputado del PP Rafael Alonso ha incidido en las diferencias entre el texto inicial y documento final. Puso, también, el acento en las cesiones para alcanzar el consenso del que dispone esta norma que, confía, contribuya a recuperar "la confianza" de los asturianos.
Desde el PSOE, el diputado Marcos Gutiérrez Escandón se ha mostrado "muy optimista" porque se aprueba una "auténtica norma de transparencia" que mejora la ley estatal. "Marcará un antes y un después en la transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción", ha defendido.
OFICINA BUEN GOBIERNO
La ley incluye en su articulado la creación de una oficina entre cuyas funciones se encuentra la fiscalización del patrimonio de los altos cargos cuando abandonen el cargo. Así, según el texto de la nueva norma, la nueva Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción tendrá entre sus funciones el examen de la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato.
La nueva Oficina será un órgano del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un nuevo ente público que contará con una sección presupuestaria propia, sin perjuicio de su adscripción a la Consejería competente en materia de transparencia. Dispondrá para el desarrollo de sus funciones con el personal funcionario del Principado de Asturias que le sea adscrito.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias será elegido por el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, por mayoría de dos tercios, por un período de cinco años, renovable por una sola vez, entre personas de reconocido prestigio, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Tendrá la condición de alto cargo.
Además, el pleno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por vocales. Uno de ellos será un vocal del Consejo Consultivo del Principado de Asturias que éste designe; los grupos de la junta General del Principado designarán cada uno su vocal; dos vocales más por parte de la Federación Asturiana de Concejos (FACC); y otro vocal será un representante de la Universidad de Oviedo; y uno de los síndicos de la Sindicatura de Cuentas.
