Marquínez apuesta por "impulsar" la demarcación hidrográfica para coordinar la gestión del agua en el Norte
SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, informó hoy que este organismo ha abierto en Cantabria en lo que va de año más de 300 expedientes sancionadores.
Marquínez, en declaraciones a los medios previas a su ponencia sobre la gestión del agua en el Norte de España en el marco de las V Jornadas Nacionales y III Internacionales sobre Naturaleza y Medio Ambiente, destacó que de las "trescientas y pico" sanciones incoadas este año en la región, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha intervenido "en más de cien", lo que en su opinión, la medida de la importancia de este Cuerpo "como colaborador de las administraciones ambientales, en particular, de la Confederación".
El responsable de la CHC se pronunció así al ser preguntado por el vertido que se produjo el pasado viernes en el Saja-Besaya, del que informó la empresa Sniace. Marquínez señaló que la Confederación ha incoado el correspondiente expediente sancionador, que empieza con una investigación, y que "tardará un tiempo en definir cuál es exactamente el incumplimiento que se ha producido y qué sanción merece".
No obstante, y tras renunciar a hacer "ninguna presunción" al respecto para "dejar actuar" al instructor, insistió en que se trata de un expediente "más". "Llevamos este año más de 300 expediente sancionadores abiertos y éste es uno más", sentenció.
En relación a su ponencia, explicó que la política del agua en el Norte es "singular" dentro del ámbito español --del que dijo tiene "problemas muy importantes de gestión hidrológica" al ser fronterizo entre el área más seca de la Tierra y la Europa húmeda-- porque, a pesar de contar con "agua abundante", tiene "problemas de garantía de abastecimiento" por la naturaleza de sus ríos y de su poblamiento.
Además, los sistemas del Norte sufren una "carga de vertidos muy importante", y hay una ocupación "muy intensa" del área inundable, lo que hace "vulnerable" a este territorio.
En este contexto, indicó que la CHC trabaja en la aplicación de la Directiva Europea del Agua a través del Plan para la Demarcación, "que nos obligará a definir las acciones a realizar para que en 2015 las masas de agua del Norte cumplan el buen estado ecológico", un "reto", dijo, "muy importante e inmediato".
En concreto, la Confederación desarrolla acciones para reforzar la garantía de abastecimiento en las grandes ciudades, "como se ha hecho en la zona central de Cantabria y el abastecimiento a Santander y Torrelavega"; realiza inversiones para mejorar la calidad de las aguas y en saneamiento; acomete actuaciones activas para prevenir la ocupación del área inundable y mejorar las condiciones ambientales de los cauces y las condiciones de seguridad de la gente que vive en las riberas.
Pero, señaló, a los problemas de gestión se une otro "adicional", como es la "fragmentación" de la administración gestora del agua. Además de la CHC, en el Norte hay seis comunidades autónomas, siete diputaciones o gobiernos, más de 350 ayuntamientos, demarcaciones de costas, puertos, etcétera. De ahí que uno de los "retos inmediatos" de la Confederación sea lograr una coordinación "adecuada" para lograr los objetivos citados.
En este sentido, recordó que la CHC plantea que sea la demarcación hidrográfica el "punto de encuentro" de todas las administraciones y "sirva de palanca" para que éstas "se pongan de acuerdo en catalizar la coordinación". Por ello, Marquínez apostó por "impulsar" esta nueva figura contemplada en la Directiva Marco del Agua.
Finalmente, el presidente de la Confederación rehusó "adelantar" las medidas que se plantearán esta tarde para abordar los soplaos de Camargo, aunque sí avanzó que se acometerán "de modo inmediato".
En otro orden, también participó en las jornadas el presidente de la Federación 'Por la Vida Amazónica', Patricio Roa Maldonado, que trató la problemática de los recursos hídricos de Napo, la provincia más poblada de la zona Amazónica.
Roa explicó que este territorio tiene un 80 por ciento de espacios protegidos pero sufre "muchos problemas" asociados a los efectos de la minería, concesión de uso y la actividad petrolera.