SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia en Cantabria y en España, ha manifestado su "más rotundo rechazo" a la Ley de Tasas Judiciales recientemente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha exigido al Gobierno su derogación inmediata.
Según CSIF, el "tasazo" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, supone el "tiro de gracia" al derecho a la tutela judicial efectiva para una gran mayoría de ciudadanos y una "vuelta de tuerca más" en la desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
En su opinión, los problemas de la justicia "no se arreglan impidiendo el ejercicio de derechos a los ciudadanos sino dotando a la Administración que la sirve de los medios materiales y personales que precisa y acometiendo, sin imposiciones, de forma coordinada con quienes mejor conocemos el día a día del trabajo en los juzgados y tribunales, el proceso modernizador de la Administración de Justicia, que tanto necesita".
Por otro lado, la "improvisación" en la puesta en marcha de la ley, con la ausencia de los impresos para liquidar la tasa, es para el sindicato "un síntoma de algo tan necesario como disponer de medios", y aboga por una gestión "racional y eficiente" de los recursos, evitando duplicidades y "despilfarros en aventuras que acaban siendo un fracaso como la nueva oficina judicial".
Asimismo, CSIF denuncia la existencia de supuestos de abono de tasa "claramente ilegales por abusivos" no ya por la cuantía en sí misma sino por la "desproporción" con lo reclamado o respecto de la materia de que se trata (divorcios en casos de violencia sobre la mujer) o en relación con el servicio que realmente se presta (el cobro de la tasa en el orden contencioso cuando, al final, no se presenta demanda).
Además, a juicio del sindicato, con esta Ley de Tasas el Gobierno "se asegura un mayor espacio de impunidad en la actuación de la Administración pública" al someter a tasa el ejercicio de acciones en el orden Contencioso Administrativo, que es la forma a través de la cual se ejerce el control jurisdiccional de la Administración pública en un Estado de Derecho "de verdad", apunta.
ESCONDE RECORTES
Por otra parte, CSIF afirma que el "tasazo esconde nuevos recortes para los funcionarios". Así, explica que la norma "elimina" la posibilidad de comparecer al personal funcionario por sí mismo en defensa de sus derechos laborales, estableciendo la obligación de acudir con abogado y procurador, y por tanto asumiendo su coste. El resto de trabajadores sí que pueden personarse sin esta representación.
La Ley de Tasas Judiciales también "discrimina" a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores en materia de exenciones de la tasa ya que la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es "sensiblemente superior" para los funcionarios. En concreto, un funcionario pagará 600 euros más en segunda instancia y 900 euros más en casación que el resto de trabajadores, afirma.
Finalmente, aunque no es el objeto de esta norma, CSIF denuncia que el Gobierno regula a través de la Disposición Final Cuarta la doble cotización de los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas (jubilación) y mutualidades, que deberán cotizar doble por ambos conceptos aún cuando no vayan a cobrar la paga extra de navidad. "Así, no solo dejarán de percibir la paga extra, sino que recibirán un nuevo descuento en su nómina del mes de diciembre cobrando menos que cualquier otro mes del año", asegura.
