C-LM asume las recomendaciones del Defensor sobre centros de menores pero insiste en que aquí no ha habido malos tratos

Actualizado 24/02/2009 20:46:05 CET

PP considera que el informe del Defensor del Pueblo es "alarmante" y pide a la Junta que solucione los problemas con "rigor y forma"

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró hoy que su Consejería se ha hecho eco de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, realizó en el informe presentado sobre los centros de protección a menores, aunque advirtió que en el informe "no se denuncian malos tratos", porque, si así fuera, el Defensor del Menor "lo hubiera denunciado al juez o a la Administración competente hace un año y medio".

En declaraciones a los medios antes del comienzo de una comisión informativa para informar sobre los recursos residenciales de protección a menores de Castilla-La Mancha, que se celebra tras la decisión de aunar dos proposiciones muy parecidas presentadas desde el PP y el PSOE, Lamata explicó que del informe presentado por Múgica se sacaron varias conclusiones.

Entre ellas citó la mejora de las situaciones de deficiencia en las infraestructuras o en la atención del personal sanitario y la posible desatención de las administraciones públicas respecto al seguimiento de los menores ingresados en los centros de atención especial.

Preguntado si se han logrado solucionar los conflictos que salieron a la luz con el informe del Defensor del Pueblo en centros de menores de Guadalajara y Cuenca, Lamata explicó que dicho informe resaltaba deficiencias en las instalaciones, "en ocasiones debido al característico comportamiento violento de los jóvenes correspondientes a julio de 2007", argumentó.

SEPARACIÓN DE MENORES

Aclarados estos dos puntos, Lamata destacó que existen más aspectos que han merecido una respuesta por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social, como la idea, que se asumirá en la región, de separar en distintos centros terapéuticos a los menores que se encuentran en situación de protección y reforma porque el juez ha ordenado su ingreso tras cometer un delito.

En este sentido, consideró "muy interesante" la propuesta del Defensor del Menor de elaborar una normativa nacional que homologue en todas las comunidades autónomas la labor de estas instituciones, definiendo los estándares de servicio o los protocolos de ingreso, alta o procedimiento a seguir, para que así se puedan evaluar.

Finalmente, Lamata explicó que los menores que terminan ingresando en los centros especiales de Castilla-La Mancha han pasado previamente por un exhaustivo examen por parte de un grupo de técnicos de referencia, profesionales con los que cuenta el Gobierno de Castilla-La Mancha en una colaboración estrecha entre las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, y Educación y Ciencia que realiza valoraciones de cada caso "para dar una respuesta integral a los jóvenes".

Asimismo, aclaró que existen comisiones técnicas provinciales y una Comisión Técnica Regional, en la que se hace un seguimiento de cada menor "dando respuesta en distintos aspectos, como la atención a las familias o programas de acogida, que van resolviendo problemas de forma preventiva".

En definitiva, el responsable de la Salud y Bienestar Social regional realizó una valoración "positiva" del informe del Defensor del Menor, porque "ha permitido hacer una evaluación completa del sistema", así como "aprovechar muchas de las propuestas" para perfeccionar el sistema regional de atención a estos menores, aunque la mayoría de las que se realizó "ya están siendo aplicadas en Castilla-La Mancha, lo que valida que caminamos por la buena dirección", concluyó.

INFORME "ALARMANTE"

Por parte del Partido Popular, María Crespo aseguró que la responsabilidad plena del funcionamiento de estos centros, de titularidad pública, pertenece exclusivamente al Gobierno regional, y un informe de las características del presentado por el Defensor del Pueblo, que no se produce con una periodicidad habitual, es "alarmante", porque de no ser por dicha información "no habríamos conocido situaciones tan llamativas como las denunciadas en Azuqueca de Henares y Guadalajara", argumentó.

Por tanto, pidió a Lamata que el Gobierno regional vele en sus inspecciones "en tiempo y en forma", así como que se solucionen "con el mayor rigor y la cerelidad posibles", ya que se invierten unos 200.000 euros en financiar el funcionamiento de estos centros "y hay que justificar cuál ha sido la rentabilidad social de ello", ya que "hablamos de menores que social o personalmente están en situación delicada" y el Gobierno "debería de mostrar mayor sensibilidad sobre estas personas", agregó.

De este modo, pidió al consejero que explique qué medidas se están llevando a cabo para la mejora de estos centros, porque "no nos ha quedado claro", o cómo se están desarrollando los programas, preguntándose si las intenciones manifestadas por Lamata se van a llevar a cabo "o se van a quedar en un brindis al sol a raíz de la alarma social" que se ha creado tras el informe del Defensor del Pueblo.

Por su parte, la 'popular' Natalia Tutor, que hizo alusión a un informe de la Defensora del Menor de Castilla-La Mancha, Henar Merino, del año 2007, lamentó que Fernando Lamata pasase "de puntillas" la situación de los centros de reforma, centrándose en su intervención en desarrollar la situación de menores en centros terapéuticos, y se preguntó si el Gobierno regional ha subsanado las deficiencias de accesibilidad y seguridad que Merino alertó en su informe.

Respecto al personal laboral que atiende a los menores en estos centros especiales, Tutor consideró que su labor es "altamente vocacional, ya que hacen una labor impagable", por lo que se debería mejorar "al máximo posible sus condiciones laborales", destacó.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

Finalmente, la portavoz del Grupo Socialista, Matilde Valentín, agradeció al consejero la información "detallada" que ofreció durante su intervención, "de forma muy sosegada, y con mucha tranquilidad y cautela", porque cuando habla de un bien jurídico protegido como es la infancia, "lo hace desde la autoridad que le da ser el responsable jurídico de la Consejería, y desde su rango de profesional cualificado, que le da autoridad para hablar de estos temas".

En alusión a la 'popular' María Crespo, Valentín le preguntó si al PP la infancia se le hace visible cuando aparece una noticia en un medio de comunicación, un informe del Defensor del Pueblo, o cuando un niño aparece como víctima o verdugo, y aclaró que para el Gobierno de Castilla-La Mancha "la infancia siempre es visible, y siempre se tiene en cuenta".