Podemos quiere que las leyes de participación y garantías se registren antes del verano

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Actualizado 21/04/2018 13:03:01 CET

Cree que la reforma estatuaria está en el "top 1 de lo que la región necesita en el plano político" aunque está paralizada

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha mostrado su deseo de que la Ley de Participación y la Ley de Garantías Ciudadanas impulsadas por su formación queden registradas en las Cortes regionales antes de la llegada del verano "para que dé tiempo" y estén aprobadas antes de que finalice este año.

Así lo ha manifestado García Molina en una entrevista a Europa Press, donde ha asegurado que si Podemos logra "implementar" que se reconozcan los presupuestos participativos con la primera ley y la renta garantizada como derecho subjetivo con la segunda norma, habría logrado "hitos más que importantes".

Sobre el primer proyecto normativo, ha señalado que una vez abierta la ronda de contactos "ha sido un no parar" y ha recibido "cientos de aportaciones". "La gente ha entendido que hay una administración que contesta, si puede ser puede ser y cuando no, te doy los motivos. Son huellas que ya están en este gobierno".

Acerca de la futura ley de garantías, se ha mostrado "seguro" de que dará tiempo a que quede aprobada en esta legislatura, pues "está todo listo para que empiece a tramitarse en breve", recordando que con la norma se podrá pasar del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) a una renta garantizada que se conozca como derecho subjetivo, lo que se traduce en una cobertura económica mayor, partiendo de los 600 euros.

"Partimos de un derecho subjetivo y cuando éste se reconoce es complicado que alguien le dé la vuelta, por eso nuestro afán de que no sea sólo una normativa que se pueda modificar al antojo del gobierno de turno. Más garantista no se puede ser", ha asegurado el líder de la formación morada.

OTRAS LEYES

Respecto a otros proyectos legislativos impulsados por Podemos ha señalado que los borradores de la Ley del Fuego o la Ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha se encuentran "muy avanzados", marcándose como objetivo que antes de final de año puedan estar aprobados ambos textos, aunque ha reconocido que "hasta que lleguen a las Cortes el trámite es largo".

Precisamente, acerca de la Ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, García Molina ha expresado que Podemos sigue sin "renunciar a ella" --a pesar del rechazo del Consejo de Gobierno por suponer un "aumento presupuestario" en octubre de 2016-- porque es de "dignidad" que la región tenga sus "propios desarrollos" en este ámbito.

"Si PSOE y PP nos dicen que no, será que no, tenemos dos diputados. Decimos nuestras intenciones, pero uno no lo puede todo si no tiene mayoría absoluta. Hay que negociar y seguiremos insistiendo", ha manifestado García Molina.

PLAN 9/19

Preguntado por el camino que está siguiendo la 'Estrategia 9/19. Medidas para Gobernar', García Molina ha avanzado que ya se "ha lanzado" al Gobierno regional pero, como en todo, "tiene que haber acuerdo". "Lo hemos estando viendo muy superficialmente, unas medidas les parecen razonables, otras hay que estudiarlas".

Se ha referido a la posible financiación de esta estrategia señalando que no se trata de "cantidades inasumibles", poniendo como ejemplo una de las medidas recogidas, con la que cada crédito matriculado y aprobado por los universitarios sería gratuito en la siguiente matrícula, que haría que los jóvenes "prefieran quedarse a estudiar aquí en vez de irse a otros lugares".

ACUERDO DE LA CONVIVENCIA

Acerca del Acuerdo Estratégico por la Paz y la Convivencia en el que trabaja como vicepresidente segundo, García Molina ha confiado en que llegue a las Cortes "en abril", pues el borrador ya está listo, confiando en que este acuerdo reciba la unanimidad de la Cámara.

Podemos no ha calculado la traducción presupuestaria de este acuerdo porque quiere que en primer lugar que se apruebe en el Parlamento regional, para posteriormente diseñar programas específicos estudiando a qué consejería podrían ir.

García Molina ha explicado que no "hay alarma en Castilla-La Mancha en procesos de radicalización", pero por eso es importante prevenir posibles situaciones "que ahora mismo no son un problema socialmente percibido". "Los datos y la percepción no son alarmantes, creo que esa es la gran oportunidad para que no tengamos que lamentarlo".

También ha mencionado la posibilidad de que este acuerdo para la prevención se pueda trasladar a los centros educativos; vía curricular con una unidad didáctica en geografía o historia o bien como actividades extracurriculares, donde asociaciones, entidades, asociaciones puedan ir a hacer charlas a los centros para concienciar sobre la materia.

CUESTIONES PARLAMENTARIAS

Preguntado por la reforma estatuaria, ha defendido que su formación mantiene que se vuelva como mínimo a los "49 diputados" antes de la reforma perpetrada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que incluya aspectos trascendentales como el agua y la financiación autonómica.

A su juicio, esta reforma se encuentra en el "top 1 de lo que la región necesita en el plano político", pero ha asegurado que "no se ha empezado a andar" en este aspecto y se encuentra "en cierta parálisis". No obstante, no ha mostrado oposición a que esta reforma "pueda dar pasos" en el año que resta de legislatura y con esa base se pueda abordar en la próxima.

Situación similar a su juicio se da con la reforma del Reglamento de las Cortes, en la que "todo eso ha quedado en un bueno...en otro momento", aunque él es partidario de llevarla a cabo de manera exprés si hay voluntad política.

Por último, sobre la Comisión de Investigación para esclarecer el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo), García Molina ha señalado está "registrada y solicitada" en la Mesa de las Cortes, por lo que Podemos no tiene "competencia" para convocarla.

"Si uno se mira bien el Reglamento --del Parlamento-- la competencia es del presidente de la Mesa de las Cortes --Jesús Fernández Vaquero--. El presidente tiene la función y la competencia de pedirla y quien tiene la competencia para que se convoque es el presidente de las Cortes. Esta es una de las cosas que se deberían cambiar en el Reglamento", ha aseverado.