TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
Seis representantes de los mediadores interculturales de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, adscritos a los diferentes Servicios de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) que el Gobierno de María Dolores de Cospedal suprimió el pasado 15 de diciembre, se han concentrado este martes en Toledo frente a la Consejería de Salud y Asuntos Sociales para entregar una carta de mediación dirigida al consejero del ramo, Ignacio Echániz.
Una de las representantes de los mediadores de Toledo, Isabel Ralero, ha explicado a los medios que la intención de este colectivo es poder llegar a un acuerdo con el Gobierno regional y que la supresión de estos servicios no sea "una decisión tomada unilateralmente, sino que cuenten con nosotros para dar posibles alternativas a esta situación".
Según ha señalado Ralero, el SAMI es un servicio que se implantó en la región hace siete años y que está "completamente integrado entre los equipos de Servicios Sociales", por eso, consideran que a día de hoy "todavía sigue siendo una figura muy relevante, de hecho consideramos que en tiempos de crisis, es más relevante que nunca".
Con la decisión del Gobierno de Cospedal de suprimir esta figura se han visto afectados un total de 87 mediadores interculturales distribuidos en 74 oficinas de atención y mediación intercultural. Según la representante de Toledo, la Junta ha decido prescindir de ellos "sin ninguna explicación", ya que según ha asegurado no saben por qué "de la noche a la mañana hemos dejado de ser necesarios".
Por ello, han decidido escribir una carta al consejero con la intención de recibir algún tipo de explicación por parte de la Junta de Comunidades a través de algún encuentro o reunión, y poder al mismo tiempo explicarles en qué consiste el servicio que prestan y la necesidad de su existencia.
INFORMACIÓN "INADECUADA"
Ralero también ha añadido que ha habido alguna información "inadecuada e inapropiada" por parte de la Junta, haciendo referencia a las declaraciones del coordinador de los Servicios Periféricos de Salud y Servicios Sociales en Cuenca, Carlos Navarro, quien afirmaba, según dicen, que "estos servicios se ofrecían en los años en los que los inmigrantes vagaban por nuestros pueblos como zombis, pero ahora ya están integrados y no son necesarios".
Ante estas afirmaciones, la representante de los mediadores interculturales ha declarado que "se ha hecho una primera mala interpretación de lo que es nuestra figura, asociándonos únicamente con el colectivo inmigrante y además con un momento de supuesta llegada masiva, con un comentario muy desafortunado y muy desagradable sobre que llegaban como zombis en pateras aquí, y que nuestro servicio se creó en ese momento".
Asimismo, ha aclarado que "los desplazamientos en patera no son significativos" y ha pedido que no se haga "esa asociación de ideas que resta mucha dignidad a las personas que se ven en la necesidad de tener que afrontarlo". Por último, ha solicitado que se trabaje el tema "con más seriedad y con una perspectiva más justa y equitativa para todos".
ACCIÓN CONJUNTA
A preguntas de los medios sobre posibles movilizaciones, Ralero ha explicado que "de momento" están en coordinación con todas las plataformas en defensa de Servicios Sociales de la región y que su mediación también la enfocan hacia el resto de servicios que se han visto afectados, a lo que ha añadido que la petición de reunirse con el consejero "no es una acción individual".
Asimismo, ha señalado que ya se están dando movilizaciones dentro de todo el sector de Asuntos Sociales y que ellos se suman "como un colectivo más dentro de esas acciones que se hacen desde las plataformas".
NO SOLO ATENCIÓN A INMIGRANTES
La representante de los mediadores ha subrayado que el servicio que prestan no es únicamente a inmigrantes, sino que también se dedican a población autóctona, minorías étnicas o colectivos desfavorecidos.
Según sus estimaciones con la supresión de esta figura, alrededor de 200.000 personas van a dejar de poder emplear este servicio, y por tanto, "no se va a poder cumplir con la Ley de Servicios Sociales que garantiza la igualdad de acceso de todas las personas a los servicios y a los recursos", ha concluido.
