ÁVILA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 1 de Arenas de San Pedro (Ávila) ha remitido al Tribunal Supremo, a instancias de la Audiencia Provincial, la imputación de la senadora y ex alcaldesa de la localidad, Carmen de Aragón, y los cuatro miembros de su equipo de Gobierno, del PP, por un presunto delito de prevaricación urbanística, tras una denuncia de Izquierda Unida.
Tras la aprobación de una licencia urbanística en 2005 con mayor edificabilidad de la autorizada, IU denunció que la Comisión Provincial de Urbanismo había suspendido la tramitación para modificar las normas urbanísticas "dadas las ilegalidades que concurren en el proyecto", que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para proteger la legalidad" y que el Procurador del Común "había solicitado infructuosamente a la Corporación Local informes con las actuaciones que hubiera llevado a cabo en relación con el acuerdo"; además de que el jefe del Servicio Territorial de Fomento "había solicitado informes en relación con el recurso de reposición formulado por el querellante".
La querella fue primero desestimada por el juzgado arenense, si bien tras un recurso de apelación la Audiencia Provincial ordenó investigarlo, que fue cuando la senadora y ex alcaldesa manifestó no declarar y acogerse a su condición de aforada.
Entonces el juzgado sobreseyó el asunto, pero de nuevo la instancia superior decidió continuar el procedimiento y devolvió al juzgado para que lo traslade a la Sala Segunda del Supremo. En el procedimiento se acusa a la ex alcaldesa de los delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación, en comisión por omisión, y de falsedad documental; y a los que eran concejales del PP y miembros de la Junta de Gobierno Local Valentín de León, Alejandro Blázquez Cabo, Benito Martín Blas y José Francisco Núñez los delitos continuados contra la ordenación del territorio y de prevaricación, en comisión por omisión.
A dos técnicos les acusa de la comisión de un delito continuado de falsedad documental, a otro de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado contra la ordenación del territorio, y al arquitecto municipal, Alfonso Huertas, de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En noviembre de 2009, Aragón (PP) dijo "no haber cometido hecho delictivo alguno", añadiendo que "aunque los querellantes se empeñen en tener abierto sine die este procedimiento, lo cierto es que la Justicia está declarando, en reiteradas ocasiones, que no hay delito".
Entonces el presidente provincial del PP, Antolín Sanz, achacó el asunto a un "acoso" del concejal de IU querellante.
