MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá retener las transferencias de parte de los tributos del Estado a los ayuntamientos durante varios ejercicios si éstos no recurren a operaciones de endeudamiento "a largo plazo" para poner al día el pago a proveedores.
Según el Real Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, también acarreará una retención en el caso de los entes locales que incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la operación de endeudamiento.
"En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento o incumplan con las obligaciones de pago de la operación, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado", recoge el BOE.
Aunque esta medida se aplicará sólo sobre deudas contraídas durante la vigencia del mecanismo de financiación aprobado este viernes, la retención podrá extenderse "si fuera necesario" a los ejercicios siguientes.
Además, si el ayuntamiento incurre en un remanente de tesorería negativo durante la amortización de la operación de endeudamiento, se le prohibirá financiar con deuda nuevas inversiones en el ejercicio siguiente.
La norma establece que los ayuntamientos podrán concertar operaciones de endeudamiento "a largo plazo" para financiar las obligaciones de pago a proveedores en el mecanismo facilitado por el Gobierno, que fijará las condiciones a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes Generales de un Real Decreto Ley para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, que comenzarán a cobrar en mayo las facturas pendientes.
Además, el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley orgánica que contempla el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones públicas con la misma finalidad, dado que ahora la ley no permite a la Administración Central avalar estas operaciones.
Según el Ejecutivo, la "grave" situación de la actual crisis económica, que ha traído consigo que las administraciones acumulen importantes retrasos en el pago de sus facturas, ha sido el principal detonante que ha impulsado al Gobierno a aprobar estas medidas.
