LLEIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grup de Dones de Lleida y la CUP presentaron hoy por separado alegaciones a la modificación de la ordenanza municipal que multará a quien ejerza la prostitución y a sus clientes con multas de hasta 3.000 euros.
La CUP, que ha denunciado la modificación en los tribunales y que ha reprochado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que sancione la prostitución sin combatirla con medidas sociales, alega que en caso de la sentencia sea favorable, el texto de la ordenanza sería nulo.
En otra de sus alegaciones, la CUP considera que la ordenanza supone la vulneración del principio de legalidad, porque no hay ninguna norma con rango legal que tipifique la prostitución como infracción.
También insiste esta formación en que la ordenanza supone una discriminación por razones de género y clase social, argumentando que "las personas que ejercen la prostitución son en su mayoría mujeres pobres extranjeras, que sufren por ello una triple discriminación, y contra las cuales existe un alto grado de violencia y coacción por parte de proxenetas y por los propios clientes, ambos precisamente hombres y nacionales en su mayoría"
Por su parte, Grup de Dones de Lleida sostiene que el Ayuntamiento no cuestiona la prostitución, sino el hecho de que se ejerza en la calle. "Dentro de las casas de cada cual la actitud es cívica, pero si no se preocupan de taparlo a los ojos de la ciudadanía, la prostitución es un hecho incívico".
Este colectivo sostiene que "la experiencia de la ciudad de Barcelona muestra que el hecho de sacar la prostitución de la calle ha supuesto la aparición de una multiplicidad de pisos patera".
Además, a juicio de Grup de Dones de Lleida, la modificación normativa plantea serias dudas en su aplicación, y facilita la arbitrariedad de la acción policial.
