BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat impuso sanciones por valor de 43.500 euros a compañías aéreas que operan en Barcelona por no utilizar el catalán en sus comunicaciones con los clientes en el marco de una campaña de inspección de 2006.
Así se desprende de una respuesta a una pregunta parlamentaria de C's firmada por el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, en la que se adjunta un informe elaborado por el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar.
En su informe, Salazar no concretó el nombre de las compañías sancionadas por incumplir la Ley de Política Lingüística, que "reconoce los derechos lingüísticos de consumidores y usuarios", pero sí el número de empresas a las que se sancionó.
A ocho de las compañías sancionadas las multaron por no disponer de la señalización y los carteles de información general de carácter fijo redactados "al menos" en catalán, y a 25 por no disponer de la documentación informativa sobre derechos de pasajeros y las condiciones generales del servicio en este idioma. La Generalitat detectó que en 14 casos, esta información sólo estaba redactada en inglés.
La respuesta se dio a conocer tras la polémica por la negativa de Swissair a seguir utilizando el catalán en las comunicaciones a sus clientes en los vuelos a Barcelona.
En su respuesta, el conseller de Economía, Antoni Castells, subrayó que el Govern tiene como objetivo "garantizar y proteger" derechos de los consumidores catalanes, y par ello es "necesario" implicar en este proceso tanto a consumidores como a empresas.
Sin embargo, Castells aseguró que el Govern tiene la voluntad decidida de "convencer, incentivar y persuadir", antes que sancionar, "especialmente en relación a las infracciones en materia de política lingüística".
"El diálogo y la colaboración para encontrar los mejores mecanismos para cumplir con la normativa de forma voluntaria serán los criterios fundamentales del Ejecutivo a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley, sin perjuicio, evidentemente, de la obligación que tiene el Govern de hacer cumplir la normativa vigente", concluye el escrito que firma Castells.
