Considera que se discrimina a los menores con un "copago" sobre un servicio público
BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a la Generalitat que agilice la materialización de los cambios normativos que permitirán a los menores tutelados cobrar las pensiones no contributivas, "de las cuales la Generalitat se ha beneficiado durante los últimos cinco años" en concepto de gastos de la atención.
En un comunicado este martes, Ribó ha pedido información a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sobre la previsión de despliegue reglamentario de una disposición legal aprobada a finales de marzo y que recupera el derecho de los niños y adolescentes bajo tutela de la administración de cobrar las pensiones de orfandad.
La Generalitat ha informado al Síndic de que las prestaciones anteriores a la aprobación del reglamento no se harán efectivas, como prevé la ley, por lo que Ribó ha pedido que se dé prioridad al desarrollo legal porque mientras no se apruebe el reglamento la administración catalana continúa gestionando los ingresos.
La modificación de la Ley de infancia solo ha sido parcial, por lo que la normativa todavía permite al Govern quedarse las pensiones no contributivas por niño a cargo.
Sobre este apartado, Ribó ha recordado que el Parlament está tramitando una proposición de ley para la supresión total de la previsión, y el Síndic ha defendido que sería "imprescindible" para el restablecimiento de los derechos de los menores ante los grupos parlamentarios.
Mientras el Govern no despliegue la parte modificada de la Ley de infancia y no se apruebe la modificación definitiva de esta ley, "se continuarán vulnerando los derechos de los niños tutelados y discriminándolos con la obligación de hacer un copago de un servicio público no previsto en el ordenamiento jurídico".
QUEJAS DE JÓVENES Y FAMILIAS
Antes de la ley de 2010, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) tramitaba las pensiones y prestaciones, las acumulaba y las entregaba posteriormente a los jóvenes cuando finalizaba su situación de desamparo o cumplían los 18 años.
El Síndic ha recibido cerca de 20 quejas de menores extutelados y de entidades que agrupan a familias de acogida, en desacuerdo con el hecho de que no se les abonen las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social meritadas.
