Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/02/2009 16:49
Los trabajadores del centro de reforma de menores de Punta Blanca, en Ceuta, presentaron hoy a través de su representante legal una denuncia contra el secretario general de CCOO a nivel regional, Juan Luis Aróstegui, como presunto responsable de un delito de calumnias e injurias graves con publicidad contra la plantilla después de que esta central denunciase el pasado 22 de enero ante la Fiscalía de Menores la existencia de malos tratos a los internos acogidos en sus instalaciones.
Según informaron este mediodía en una nota de prensa conjunta las tres centrales con representación en la Administración local, UGT, CCOO y CSIF, la demanda "se plantea contra la persona o personas que presumiblemente han calumniado a estos trabajadores públicamente y no contra las instituciones u organizaciones que los mismos pudieran representar".
En la misma línea, los tres sindicatos resaltan los "graves perjuicios" que están sufriendo tanto "los procesos de rehabilitación de los menores, que se ven sometidos a vectores que en nada favorecen la finalidad que han de tener las medidas impuestas" como el colectivo de familiares de los internos por "la alarma e inquietud sembrada".
Para terminar, la nota destaca el "daño moral y psicológico" que se ha ocasionado a los empleados públicos en cuya defensa reivindica la denuncia presentada que actúe de oficio el juez. "Se han visto objeto de unas imputaciones absolutamente infundadas y rigurosamente mendaces con amplia, profunda y lesiva repercusión en su honor, estima profesional, normal desarrollo de sus labores y en su vida social y familiar", afirma el comunicado sindical.
CCOO presentó el 20 de enero pasado a la Fiscalía de Menores una denuncia en la que da cuenta para que el fiscal investigue su existencia de la aplicación "habitual y sistemática" de "métodos de represión de conductas inadecuadas" consistentes en el esposado de los internos y posterior "inmovilización en la cama con correas durante horas hasta que los responsables del centro consideran que el castigo ha sido suficiente para corregir las conductas que ellos consideran inapropiadas".
A juicio del sindicato, dichas prácticas "contravienen lo estipulado en la Ley de Protección Jurídica del Menor" y constituyen "un trato degradante y vejatorio para los internos" que llega a calificar de "torturas".