VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha insistido este miércoles en la necesidad del proyecto de decreto por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat y ha pedido al Consell Jurídic Consultiu (CJC) "más sensibilidad con la lengua propia de los valencianos" y su apoyo a "la igualdad lingüística y de trato de todos los valencianos ante la administración".
Tras las observaciones realizadas por el órgano consultivo al citado proyecto de decreto, ACPV ha señalado que el decreto es "una norma absolutamente necesaria porque la situación sociolingüística del valenciano padece una situación de discriminación y desigualdad muy grave" respecto al castellano, tanto en lo que tiene que ver con el conocimiento como el uso.
Asimismo, explica que los tribunales "han aceptado medidas que podrían definirse como discriminación positiva y que en realidad son medidas correctoras para igualar los derechos desde el punto de vista práctico y real".
"Hablamos de acciones positivas en favor de colectivos discriminados o que padecen desigualdad por diferentes razones. Simplemente se trata de aplicar, igualmente, acciones positivas en favor del colectivo de valenciano parlantes", ha insistido la entidad.
A su juicio, el texto del decreto presentado por el Consell es "plenamente respetuoso con los derechos de los valencianos a usar, si lo desean, el castellano en su relación con la administración pública valenciana" y "no se trata de discriminar a nadie, sino precisamente de poner fin a la discriminación que padecen los valencianoparlantes".
"La administración pública es un servicio público y los funcionarios están al servicio de los ciudadanos, independientemente de qué lengua oficial hablen", han indicado desde ACPV.
Por otra parte, señalan que desde el punto de vista jurídico "es respetuoso con la norma legal", cumple "escrupulosamente" la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) y, por tanto, el Consell "no tiene ninguna obligación de atender ningún requerimiento que no señale una ilegalidad o un incumplimiento de la norma legal, y este no es el caso".
"Justamente los consellers autores del grueso del informe son los nombramos por el gobierno del PP. ACPV entiende que las condiciones de su nombramiento no fueron precisamente garantía de imparcialidad y neutralidad políticas, que no se pueden perder de vista a la hora de valorar sus dictámenes", ha concluido.
