Audiencia ratifica la imputación del alcalde de Gaibiel por prevaricación en el cambio de titular de un bar

Actualizado: martes, 7 julio 2015 11:32

CASTELLÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado la imputación del alcalde de Gaibiel, Vicente Pelayo (PP), y de la teniente de alcalde, Susana Puig Bosch, por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con el cambio de titularidad de un bar ubicado en la Plaza Mayor.

Así consta en la sentencia, en la que se ratifica la admisión a trámite de la querella contra Pelayo y Puig, y se desestima imputar también en este procedimiento a la secretaria del consistorio, Fátima Gil, o adoptar cualquier tipo de medida cautelar.

Los hechos se circunscriben al cambio de titularidad de un local, al dictar una resolución "arbitraria", según se recogía en la querella, dirigida a "beneficiar directamente a la empresa del alcalde".

Al respecto, el querellante aseguraba que el acuerdo del cambio de nombre fue adoptado en un pleno del Ayuntamiento, tras incluir en el Orden del Día. Sin embargo, entiende que el órgano competente para el estudio de una solicitud de cambio de titularidad de una licencia de apertura no corresponde al pleno, sino al jefe de sección o concejal al frente de las competencias en materia de actividades económicas.

Por tanto, el querellante consideraba que se podría haber cometido algún tipo de delito en base a las "irregularidades administrativas" manifestadas. A ello se une la circunstancia --indicaba-- que el alcalde del consistorio es el administrador único de la mercantil directamente beneficiada por la resolución.

El querellante acusaba al alcalde, a la teniente alcalde y a la secretaria, pero la Audiencia estima sobre esta última que no se deduce por ahora que exista algún tipo de infracción penal en su comportamiento. "No se explica convenientemente en la querella y en los recursos interpuestos, cuál es la actuación penal que pudiera haber tenido la secretaria, más allá de una certificación de los acuerdos del pleno del Ayuntamiento", puntualiza.

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